Concentración de trabajadores de Salud Responde ante la Delegación del Gobierno andaluz en Jaén.
Concentración de trabajadores de Salud Responde ante la Delegación del Gobierno andaluz en Jaén.
Sanidad

Cuando Salud no responde

La plantilla de este servicio público responsabiliza a la Junta de sus condiciones laborales

JaénActualizado:

Una empleada de Salud Responde, agredida en abril por un atracador, escuchó por boca de la mutua que el trauma psicológico derivado del robo se cura a pie de obra. A otro la empresa le negó el permiso para acompañar a su hijo menor de edad al médico. A una tercera, que había sido acosada por un desconocido durante el trayecto que media entre su casa y su lugar de trabajo, se le pidió que recuperase el tiempo que había perdido al presentar una denuncia en la Comisaría. Así lo denuncian las centrales sindicales CSIF y CGT.

En réplica a estas acusaciones, una fuente de la empresa adjudicataria del servicio que aborda la atención sanitaria en la comunidad, Ilunion Contact Center, aclara a este periódico que cumple con el pliego de condiciones que asumió con la administración autonómica andaluza para gestionar Salud Responde. Y apostilla que su cometido no se desvía en modo alguno de lo estipulado en el convenio del sector.

Para los sindicatos, en cambio, sí hay vulneración de la normativa. Por esta razón, plantean la movilización de la plantilla, compuesta por más de 250 personas, cuyos representantes sindicales de la CSIF y de la CGT responsabilizan de la situación tanto a las sucesivas empresas adjudicatarias como a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la Consejería de Salud, a la que, a petición de la plantilla, el conjunto de las formaciones políticas andaluzas, excepto el PSOE, han propuesto que asuma directamente el servicio.

"No pedimos ser funcionarios, sino que se cumpla el pliego de condiciones y que se desarrolle la proposición no de ley", aclara Jesús Palomino, supervisor de Salud Responde y representante de la CSIF, quien alude en concreto a una iniciativa del Parlamento de Andalucía, que en 2016 instó al consejo de gobierno de la Junta de Andalucía a que resolviera el conflicto laboral y dignificara las condiciones laborales de la plantilla de los centros de gestión telefónica. Con dos objetivos: respetar los derechos de los trabadores y prestar un servicio público de calidad.

"Es difícil dar un buen servicio cuando las condiciones laborales son malas y hay una gran sobrecarga de trabajo", apunta Irina García, representante de la CGT, que sustenta su criterio con un dato: cada empleado atiende en torno a 300 llamadas en un turno de 8 horas. Llamadas, apostilla, que no siempre están relacionadas con la petición de cita previa, sino que a veces son realizadas por personas que solicitan un médico urgente o por mujeres que piden ayuda porque sufren en ese momento maltrato doméstico.

Los empleados también se sienten maltratados. Según asegura uno de ellos, Carlos Abellán, de la CSIF, la anterior empresa llegó incluso a llamar a trabajadores en el entierro de un familiar para preguntarles si iban después a hacer horas para compensar. Irina apostilla que a ella misma le sugirieron que no se tomara un permiso al que tenía derecho. Esa vez la sugerencia no surtió efecto, pero no todos los trabajadores tienen el mismo modo de enfrentarse a la empresa. Tanto es así que, según aseguran ambos sindicatos, recientemente una operadora que a causa del calor sangraba abundantemente por la nariz siguió en su puesto.

El esfuerzo que realiza la plantilla para atender al conjunto de las llamadas no está, según exponen los dos sindicatos, compensado económicamente. Así, aclara Abellán, hay trabajadores con un contrato de 8 horas a la semana que le reporta en torno a 300 euros al mes. Y los que trabajan 39 horas semanales perciben un sueldo de 900 euros, pagas incluidas. Añade que los turnos acaban a las 23,55 de la noche porque si se llevan a cabo durante la madrugada la empresa tiene que pagar 5 euros más por hora de trabajo.

A pesar de estas denuncias, la consejera de salud, Marina Álvarez, asegura que la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias realiza un seguimiento periódico del cumplimiento de los servicios contratados, de su desarrollo y ejecución. Añade, asimismo, que se vigila el cumplimiento de las condiciones generales y específicas establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas particulares y condiciones administrativas, así como el respeto a la normativa laboral vigentes y a los derechos que el ordenamiento jurídicos otorga a sus trabajadores.

Irina García

"Comencé a trabajar en Salud Responde en 2005. Soy delegada sindical de la CGT. No sólo no estoy liberada, sino que atiendo en torno a 300 llamadas telefónicas cada día. La sobrecarga de trabajo afecta al servicio porque es casi imposible atender correctamente al conjunto de las personas que llaman. Hay miedo en la plantilla. A mí misma me sugirieron que no me tomara un permiso al que tenía derecho por el nacimiento de mi sobrino. Me lo tomé".

Javier Marín

"El modo en que se trabaja aquí afecta a la salud de la plantilla. Hay muchos casos de estrés y de ansiedad. A un grupo de nosotros prácticamente no han perseguido. También nos han cortado el acceso a internet. Además, no hay suficiente plantilla como para atender a la totalidad de las llamadas. Hay muchas que se quedan sin atender a su debido tiempo. Y esto es un riesgo porque quien llama lo mismo lo hace para pedir cita previa que para decir que ha sido maltratada".

Gema Torres

"El 16 de abril de este año sufrí un intento de robo cuando iba a entrar a Salud Responde para trabajar. El atracador me dio un golpe en el ojo. Llamé a la policía y al 061. En el hospital me diagnosticaron traumatismo y contusiones en la cara, pero después la mutua me recetó 48 horas de reposo porque dijo que no tenía nada. Regresé al trabajo, pero me encontraba tan mal que me fui al médico de cabecera. He estado 2 semanas de baja".

Jesús Palomino

"La dirección se niega a darnos permiso para llevar a nuestros hijos al médico si tienen más de 9 años. Es un derecho que no han quitado la empresa actual. Con ella han empeorado las cosas porque no respeta el pliego de condiciones. Además, la Junta de Andalucía no la mete en vereda, a pesar de que desde la CSIF hemos denunciado que fomenta la precariedad laboral y que no desarrolla los planes de formación y de igualdad a los que está obligada por ley".