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Málaga / educación

Una maestra denuncia a un grupo de madres por cuestionarla en WhatsApp

Día 11/12/2013 - 14.07h
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Cada dos días un docente andaluz denuncia un conflicto ante el Servicio del Defensor del Profesorado de ANPE

Una maestra de educación infantil de Málaga capital ha interpuesto una denuncia por daños al honor contra un grupo de madres que a través del teléfono móvil criticaron abiertamente su forma de impartir las clases.

«Crearon un grupo de WhatsApp en el que cuestionaron la profesionalidad de la docente e incluso su forma de vestir», ha comentado la presidenta del sindicato de profesores ANPE en Málaga, María Gracia del Amo Pérez.

Según se desprende de la memoria del curso 2012-2013 del Servicio del Defensor del Profesorado de ANPE, casi cada dos días un profesor andaluz denuncia un conflicto ya sea con los alumnos, con familiares de éste o con la propia administración.

En concreto, el pasado ejercicio se registraron en Andalucía 171 casos, el 52% de los cuales estuvieron relacionados con acoso, falta de respeto, insultos o amenazas, el 34% con problemas con la Junta o con los propios compañeros del centro y sólo en el 11% de las situaciones denunciadas tuvieron lugar agresiones de índole física.

Se trata de una cifra inferior a la del curso pasado, cuando fueron 186 los casos registrados en este organismo, lo que Del Amo achaca a que «la sociedad está más sensibilizada y quizá le esté dando más importancia a la figura del profesor».

Sin embargo, matiza que las situaciones denunciadas «son muy graves» y que pese a que el Servicio del Defensor del Profesorado recibe numerosas llamadas a lo largo del año, éstas «no son todas los que hay». Además, sólo en el 3% de los casos se produce una reclamación ante los tribunales por parte del docente.

«Hace dos años un grupo de familiares tiraron a un docente al suelo y le rompieron los dientes y todavía no hay juicio después de ese tiempo», afirma María Gracia del Amo. Además, aunque las sentencias suelen ser favorables al profesor, la indemnización suele ser «una cantidad irrisoria, de unos 500 euros».

En cuanto al origen de los conflictos, el 30% está relacionado con los alumnos, ya sea por problemas para dar clase, conductas agresivas, falta de respeto o insultos, agresiones físicas, grabaciones y fotos o daños causados a las propiedad; el 38% con familiares y amigos de los escolares, mediante acoso, amenazas, agresiones o falsas acusaciones y denuncias; y el 32% con compañeros o directamente con la administración, mediante acoso laboral o presiones para modificar las notas.

«Sí que hay casos de presiones para que los profesores eleven las notas o las varíen, porque a la Junta le interesa subir la media. Es una cuestión de prestigio», comenta la presidenta de ANPE en Málaga, quien tilda de «timo» la labor que realiza la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.

Todas estas situaciones afectan gravemente a la salud del docente, que en el 54% de los casos registrados ha sufrido ansiedad, en un 23% depresión y que en un 14% ha llegado a coger una baja al no poder aguantar el nivel de tensión que debe soportar en su puesto de trabajo. Incluso se ha registrado un intento de suicidio en los últimos meses.

Para María Gracia del Amo, esta conflictividad se atenuaría drásticamente si la propia Consejería de Educación actuara «de forma contundente», tanto denunciando los casos ante los tribunales como trasladando de centro a los estudiantes que protagonicen agresiones o vejaciones. Sin embargo, la realidad es que muchos equipos directivos «le piden al profesor que se traslade en vez de al alumno».

La responsable del sindicato educativo considera que otras medidas positivas pasarían por considerar al profesor como una autoridad o por difundir más entre la comunidad educativa la labor del defensor del profesorado.

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