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Seguridad

El comisario provincial declarará el lunes por la querella de los chalecos

El 21 de noviembre lo harán testigos propuestos por la parte demandante: la Unión Federal de Policía

Pablo D. Almoguera

El comisario provincial de Málaga, Pedro Garijo, deberá comparecer el lunes ante el juzgado de Instrucción número de Málaga para declarar en relación a la querella que interpuso la Unión Federal de Policía (UFP) tras la muerte del agente Francisco Enrique Díaz Jiménez por una supuesta falta de chalecos antibalas y antipunzones.

Garijo será el primero en comparecer ante la magistrada Fuensanta López, mientras que el 21 de noviembre lo harán los testigos propuestos por la citada organización sindical. Entre ellos se encuentran el jefe del agente fallecido y los compañeros que le acompañaban cuando ocurrieron los hechos.

La magistrada, en un auto firmado el pasado 19 de octubre, entiende que procede la admisión a trámite de la querella , pero desestima la fianza que debe presentar en estos casos el querellante, como ayer adelanto este periódico en su edición digital .

La UFP considera que el comisario provincial habría incurrido en un supuesto delito contra la seguridad en el trabajo.

Argumentan esta tesis en el Real Decreto 2/2006 que regula las normas sobre prevención de riesgos laborales en la Policía Nacional, distintas circulares y manuales de seguridad y que –entre otras cosas– establecen que la administración «tiene la obligación de proporcionar a los funcionarios del cuerpo los equipos de protección adecuados para el desempeño de sus funciones».

Según se recoge en la querella, a la que ha tenido acceso este periódico, en la provincia de Málaga cuenta con 558 chalecos antibala y anticuchillos , cuyo reparto se prioriza a unidades con un «elevado» riesgo de «agresiones imprevisibles». Una de ellas es la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), a la que pertenecía Francisco Enrique Díaz Jiménez. Este agente no llevaba esta prenda de protección cuando el 21 de mayo fue atacado con un arma blanca por un indigente con un amplio historial delictivo que acabó sesgándole la vida.

La UFP mantiene que al agente no se le facilitó el chaleco para desempeñar su labor de forma más segura.

Además, en su denuncia solicitaba al juzgado que 

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