Carmen Marín, durante el juicio por el que fue condenada a cuatro años por el exterminio de animales
Carmen Marín, durante el juicio por el que fue condenada a cuatro años por el exterminio de animales - EFE
MALTRATO ANIMAL

La «dolce vita» de la exterminadora de mascotas

La dueña de la protectora de Torremolinos condenada a cárcel puede afrontar un nuevo juicio por la vida desahogada que llevó con el dinero de su asociación

MÁLAGAActualizado:

«La teníamos canonizada; creíamos en ella como en un acto de fe. Ahora no podría hablar de este personaje sin soltar un improperio». Desde luego, la animadversión a Carmen Marín no se ha amortiguado con su condena a cuatro años de cárcel por gestar en su protectora de Torremolinos una de las mayores masacres de mascotas conocidas en España. Quienes confiaron en su proyecto, concebido a finales de los 90, no van a parar hasta esclarecer todo lo ocurrido al otro lado de los muros de Parque Animal, la asociación sin ánimo de lucro montada por Marín y su familia. La misma que, a tenor del próximo juicio al que previsiblemente va a tener que hacer frente, le sirvió para llevar una vida de lo más desahogada.

Esta semana, se ha dado conocimiento a las partes de un auto judicial por el que, tras seis años de investigación, se da inicio a los trámites para volver a juzgar a Marín —junto a una de sus hijas— ante los indicios de que pudiera haber incurrido en un delito de continuado de apropiación indebida y otro de estafa impropia. A su hija María del Carmen López Marín se le investiga un delito de blanqueo de capitales.

En resumen, se indaga sobre el uso con fines privados del dinero que percibía la protectora por la custodia de los animales que se le entregaban y las herencias que percibía por aquellos que creían en su labor. Al parecer, mientras se exterminaba a los perritos (se calcula que más de 2.000, de forma especialmente agónica y dolorosa), Marín y su familia vivían bien. Muy bien.

«Hizo y deshizo como quiso», sintetiza de nuevo Ana Fernández, representante de las afectadas. Hay que tener en cuenta que la dirección de Parque Animal era una familia.La familia de Carmen Marín. Además de ella, como presidenta, en la junta directiva figuran su marido, ya fallecido, sus dos hijas y una nieta. A los socios nunca se les consultó una sola decisión.

En concreto, la juez encargada del caso —que es una pieza separada del recién acabado proceso por las matanzas de animales— detalla supuestos pagos mediante cheques, con tarjetas a nombre de la protectora o en efectivo realizados por alguno de los integrantes de la directiva. Se analizan un total de casi 380.000 euros.

Entre esos pagos, algunos tan curiosos y alejados de la defensa de los animales como uno de 104.382 euros a El Corte Inglés para la «reforma y decoración de la clínica de medicina estética cuyos administradores únicos eran la hija y el yerno de la investigada. Es por ello que también se investiga a su descendiente.

Pero asimismo hay entre las cantidades investigadas estancias en hoteles de alta gama de lugares tan dispares como Boston, San Petersburgo, Marrakech, Sevilla, Bilbao, Lisboa, Jerez o la misma Marbella, a pocos kilómetros de Torremolinos. Facturas de restaurante por valor de 7.500 euros en dos años; circuitos de hidromasaje y spa (en establecimientos donde no pueden entrar mascotas). Y billetes de tren por más de 12.000 euros en tres años. Del dinero de la asociación también salieron 14.000 euros para adaptar un ascensor en un inmueble propiedad de la procesada; la instalación de una alarma en su casa, la cuota del gimnasio y gastos en grandes superficies e hipermercados.

Las acusaciones particulares han recurrido el auto de la juez. Primero para pedir un mayor plazo para formular sus escritos. Pero sobre todo exigiendo que a Marín se le apliquen medidas cautelares. Alegan que pese a los procesos de que es protagonista ha seguido tejiendo y destejiendo sobre las propiedades de Parque Animal. Judicialmente, les ha sido imposible inhabilitarla, por lo que sigue estando al frente y, aun con las cuentas de la asociación embargadas, disponiendo de su patrimonio. Así, acusan a la procesada de haber vendido parte de una finca que la protectora recibió en generosa herencia. El afán de lucro de Marín, aseguran, no tiene límites, como demostraría que sigue percibiendo una renta por subarrendar a otra perrera los terrenos de Parque Animal (cedidos por el Ayuntamiento) o el alquiler de una caseta de feria que fue adjudicada también por el Ayuntamiento.