CORRUPCIÓN

El drama del CIO Mijas tras la corrupción

Los empleados de este consorcio se han querellado contra los responsables de la deuda de 31 nóminas

Manifestación en favor de las escuela de hostelería malagueñas / Diario Sur
Manifestación en favor de las escuela de hostelería malagueñas / Diario Sur

La vida de los trabajadores del CIO Mijas no es normal. Desde que la Guardia Civil interviniera el consorcio dentro de la investigación por el fraude en los cursos de formación en marzo de 2015, los cinco empleados que aún quedan allí viven un drama interminable. La situación es límite y afecta hasta a los niños. La prueba la dan dos niñas, hijas de una de las empleadas, que juegan «a los periodistas» y se graban una entrevista con el único tema de conversación del impago de las 31 nóminas –desde noviembre del 2014– y la situación familiar. «Susana Díaz no nos deja comernos las lentejas», dice una de ellas, reseñando una pancarta de una manifestación, en una conversación que luego será mostrada por la madre.

El terrorífico juego sólo es un retrato de cinco familias en las que se han hecho frecuentes los problemas psicológicos, los ataques de ansiedad, los avisos del banco, las ejecuciones de embargo o la caridad de las familias. Se han cortado teléfonos y ha habido aviso de corte de todo tipo de suministros. Todo mientras acudían a su trabajo diariamente a la espera de un pago que no llega. «No se da una solución porque a la Junta de Andalucía no le da la gana», dice Jordi Ventura, abogado de los trabajadores, que tasa la deuda con estas familias en 245.000 euros.

La Junta de Andalucía –propietaria del 80 por ciento– los ha abandonado entre juicios y la liquidación, propuesta como solución y que está paralizada con sorpresas como que las edificaciones no están registradas, según el abogado. La liquidación está a la espera de un acuerdo entre Ayuntamiento –propietario del 20 por ciento– y Junta para la cesión del terreno. Mientras tanto, los trabajadores luchan con un edificio en ruinas, donde no hay calefacción, ni limpieza y las tuberías están reventando. Un lugar inseguro que ya ha atraído a okupas y donde se teme la llegada de un grupo que se asiente para saquearlo.

Por todo, han decido poner una querella criminal contra los responsables del CIO Mijas, que puede llegar hasta el consejero de Empleo –según su abogado–. Se fundamentan en tres razones. La primera es la sobrada solvencia de los responsables (Ayuntamiento y Junta de Andalucía) para pagar estas 31 nóminas. La segunda es que existe consignación. El Ayuntamiento pagó los 112.000 euros de la liquidación y la Junta introdujo su cantidad en el presupuesto, pero no la ejecutó. Por último, está la falta de voluntad en el gobierno andaluz para pagar la deuda, ya que el Ayuntamiento se ofreció y la Junta no ha contestado. La liquidación del consorcio conllevaría que la administración tenga que asumir a estos cinco trabajadores, como en el resto de consorcios.

Pero la querella plantea también un delito contra los trabajadores y pedirá responsabilidad por los daños causados por esta situación. El requerimiento va contra todos aquellos cargos elegidos por la administración andaluza para la gestión, por lo que la Junta también sería subsidiaria civil de los actos cometidos por sus representantes.

Esto en un lugar intervenido por la Justicia por el fraude de la Formación en Andalucía y que se encuentra en la actualidad en pleno proceso judicial. «Es la razón por la que no se resuelve», remarca Ventura, que apunta a un segundo pleito en marcha, este contencioso, entre la UTE que gestionaba y la Junta de Andalucía. Un marasmo de litigios que agudiza la mala situación personal de los trabajadores.

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