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ANDALUCÍA

Las gasolineras ilegales pueden costarle ocho millones a Marbella

Los juzgados anulan las licencias de la era Gil y los regularizados exigen indemnización

Una de las estaciones de servicio construidas durante la etapa del Gil fuera de ordenación ABC

J. J. MADUEÑO

Han pasado dos décadas desde que Juan Antonio Roca, gerente de Urbanismo de Marbella y cerebro de «Malaya», montara el negocio municipal de promover, construir, validar mediante licencia y traspasar gasolineras en Marbella por precios superiores a los 50 millones de pesetas , el equivalente a 300.000 euros. Desde entonces, los empresarios de las estaciones de servicio, que no eran fruto de la corrupción, luchan por que se restituya el estatus legal en el sector dentro de la ciudad. En el mes de junio de 2016 el juzgado de lo Penal de Málaga número 8 comenzó a anular esas licencias por ser fruto de la corrupción imperante en el municipio durante la época de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) (1991-2006). Ahora, tras conocerse nuevas sentencias de anulación, los propietarios de las gasolineras legales exigen al Consistorio ocho millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial y la clausura de los establecimientos.

Esa cifra, según explica Inmaculada Gálvez, abogada de los propietarios con licencia, se daría si «hay un acuerdo». La abogada explica que, de no llegar a un pacto, y en el caso probable de tener que ir a un pleito para dirimir la responsabilidad patrimonial a pagar por el Ayuntamiento , será la Comisión Nacional de la Energía la que tendrá que acreditar los litros de combustible vendidos por esos ocho establecimientos en estos años de apertura irregular y calcular, en base a esa cifra, la indemnización a percibir por los propietarios por el lucro cesante que han causado esas estaciones en las de que sí tenían licencia.

Hasta el momento, lo primero que piden los propietarios es que se clausuren las ocho gasolineras ilegales de Marbella para no profundizar en el daño económico. «Los expedientes de revisión de la situación de estas estaciones de servicio están incoados», asegura Gálvez, quien explica que la situación se complica porque, en estos momentos, tras la decisión del Supremo de tumbar el Plan General de Ordenación Urbana de 2010, estas ocho gasolineras «están sin licencia por la vuelta a la regulación de 1986» .

Una causa más que se suma al hecho probado por la Justicia de que, en un principio, las licencias —ahora invalidadas— de estos establecimientos se compraban por 50 millones de pesetas a través de José Luis Sierra, uno de los fundadores del GIL y condenado por el «caso Saqueo 1. Tras caer este en desgracia por enfrentarse a Jesús Gil, los mandos del negocio los tomó Juan Antonio Roca, que perfeccionó la máquina de hacer dinero. Era más lucrativo con Roca, porque promovía, construía y vendía la gasolinera por mucho más de 50 millones de pesetas. Sin importar la regulación del suelo . Hubo algunas que se construyeron en zonas verdes o sin aportar informes que garantizaran que no eran peligrosas o su simple salubridad.

Pese a ello, los empresarios invirtieron en un negocio que era rentable, pero que, como ha dicho la Justicia, causaba un daño económico en los ya instalados de forma legal . Por estas razones, los propietarios de las gasolineras legales piden que se agilicen los trámites para dar una solución a todo. A través de su abogada, piden más diligencia al Consistorio para agilizar los expedientes de responsabilidad patrimonial, ya que llevan esperando desde 2010 en los cajones consistoriales.

«El Ayuntamiento los tiene retenidos. No los envía al Consejo Consultivo para que resuelva el tema. Está bloqueado por el Consistorio», remarca Inmaculada Gálvez, quien asegura que la Fiscalía también debe pronunciarse porque pidió el archivo del caso y sacó a la Junta de Andalucía de los autos . «Por eso no se pueden pedir responsabilidades a la Junta de Andalucía, pese a ser quien no revisó esas licencias y las impugnó», afirma Gálvez.

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