El presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal
El presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal - ABC
TRIBUNALES

El PP de Mijas denuncia por «malversación» al alcalde por el sueldo municipal otorgado a un edil de Podemos

Ángel Nozal les acusa por la retribución de 42.000 euros que Francisco Martínez reconoció emplear en pleitear con el PP

MIJASActualizado:

La guerra política en el municipio malagueño de Mijas sigue abriendo frentes de batalla. Esta vez ha sido el Partido Popular el que ha decidido atacar. Y lo ha hecho con una denuncia ante el Juez Decano de Fuengirola por presunta «prevaricación y apropiación indebida» a raíz de un decreto de Alcaldía aprobado por el pleno por el que se otorgó el sueldo al edil de Podemos.

El escrito fue registrado el pasado cinco de abril por vía telemática por una procuradora en nombre de Ángel Nozal, presidente del grupo popular de Mijas. En la citada denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, se «suplica al Juzgado» que investigue la retribución exclusiva de 42.000 euros que percibe Francisco Martínez, concejal de Podemos en la oposición de Mijas, en base a una serie de pruebas aportadas y, sobre las que el escrito, acusa a Martínez y al alcalde, Juan Carlos Maldonado (Ciudadanos), de «malversación» de fondos públicos.

Según la denuncia, Mijas no tiene regulación municipal para habilitar este tipo de remuneraciones, por lo que este tipo de imposición económica se regiría por el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) de Andalucía. Este reglamento regional sólo habilita –según los populares– a los miembros de la corporación para cobrar un sueldo en el caso de tener atribuciones. Sin embargo, como detalla el escrito, en el acuerdo del salario a Francisco Martínez no se expone el desempeño de ningún cargo. Sólo se reseña: «Atribuir al concejal D.Francisco Martínez Ávila un cargo en régimen de dedicación exclusiva con una cuantía bruta anual de 42.000 euros».

Los populares ahora se acogen a una sentencia del Tribunal Supremo de 1991 en la que se dicta que las remuneraciones «no deben establecerse en atención a representación política, sino según la representación legal y funciones y trabajos que los miembros de la Corporación desempeñan a favor de la misma». En base a esto, la sentencia explica que es «inadmisible que sus retribuciones tengan el carácter de fijas en su cuantía y periódicas en su vencimiento». Por estas razones, el PP denuncia y explica que «el ahora denunciado [por el alcalde] habría fijado una retribución para un cargo desprovisto de un mínimo contenido».

Según el escrito presentado en el Juzgado de Fuengirola, las atribuciones no sólo no se reseñan en el decreto de Alcaldía, sino que no existen. Sin embargo, se impone el sueldo de 42.000 euros al concejal de Podemos. Por esta razón, el PP explica en su denuncia que los demandados «pudieran haber incurrido en un delito de prevaricación» y añaden un presunto delito de «malversación de caudales públicos», si no se procede a la devolución de las cantidades «indebidamente cobradas».

Esta es una vuelta más en las tormentosas relaciones políticas del municipio de la Costa del Sol. La denuncia que el PP ha presentado en el Juzgado de Fuengirola fue la razón que aluden los populares para que se produjeran las reuniones entre la formación y Francisco Martínez, que acabaron con las grabaciones en las que el ex edil popular Santiago Martín le ofrecía al concejal de Podemos un puesto de trabajo a cambio de ser uno de los firmantes de una moción de censura. La Fiscalía investiga los hechos.

En una de las grabaciones, puesta en manos del fiscal y donde no se hablaba de ningún tipo de compra de voluntades, Ángel Nozal explicaba a Francisco Martínez que existía la posibilidad de esta denuncia y que saldría afectado si la cursaba, por lo que le pedía rebajar la tensión. La demanda de Martínez por «coacción y amenazas» por aquellas palabras ha hecho que los populares terminen de dar el paso al frente y lleven la retribución a los juzgados.

Pero este sueldo no es la primera vez que está en el candelero. El propio Martínez reconoció que cobraba del Ayuntamiento de Mijas para poder llevar a cabo los pleitos que tiene abiertos contra el PP, el último la denuncia ante la Fiscalía por «coacción, amenazas y compra de voluntades» a raíz de las grabaciones ya mencionadas. «Con este dinero es con lo que pago los abogados de las cuatro causas –ahora cinco– que tenemos abiertas contra el Partido Popular», reconoció Martínez a ABC y explicó: «No recibo ayuda económica del partido ni nada, ese dinero es lo único que tengo para pagar abogados, teléfono y gastos corrientes».