Desayuno coloquio sobre el impuesto de sucesiones, en el bufete de abogados A. Rozados
Desayuno coloquio sobre el impuesto de sucesiones, en el bufete de abogados A. Rozados - VANESSA GÓMEZ
TRIBUTOS

«Antes a la notaría no llegaban renuncias de herencias, ahora son continuas por el impuesto de sucesiones»

Instituciones empresariales, afectados, notarios y abogados piden a la Junta la bonificación del tributo y que el Estado lo suprima

SEVILLAActualizado:

Pocas figuras tributarias acumulan tantos detractores como el impuesto de sucesiones y donaciones. Los máximos responsables de organizaciones andaluzas de distintos sectores empresariales (promotores inmobiliarios, agrícola, autónomos y empresa familiar), notarios, abogados y contribuyentes han coincidido hoy en que pedir al Gobierno central que suprima el tributo y a la Junta de Andalucía que utilice su capacidad normativa para bonificarlo al máximo hasta que se produzca su eliminación.

En un desayuno-coloquio organizado este viernes por Europa Press en el Bufefe A. Rozados & Asociados en Sevilla, representantes de la sociedad civil argumentan que se trata de un impuesto «confiscatorio», que «ataca» a las familias y «empobrece» a Andalucía porque favorece las deslocalización fiscal debido a que este tributo estatal cedido a las autonomías está menos bonificado que en otras comunidades como Madrid.

Javier López Cano, que ha participado en el debate en su condición de notario, que se topa a diario con el problema de las herencias, ha defendido «ir a la supresión del impuesto porque grava el mismo hecho imponible por cuarta vez» y porque la armonización que propugna el Gobierno de Susana Díaz es «imposible» porque «significa volver a suprimir la capacidad legislativa de las autonomías». Por propia experiencia, el notario destacó que antes «no había renuncias y en los últimos seis o siete años es un documento continuo en las notarías».

En la misma línea, el gerente de la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (Gaesco), Juan Aguilera, ha planteado la supresión «urgente» del impuesto de sucesiones, pasando por una bonificación previa de la Junta, ampliando las exenciones a las donaciones, que están aún peor tratadas fiscalmente. «La Ley de Sucesiones es un ataque directo a las familias porque dificulta la compra de una vivienda, ataca la estabilidad económica de las personas mayores y la generación de empleo y riqueza», afirma.

Desde otra óptica, el director general de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, Mario Carranza, ha indicado que «nos gustaría quedarnos con el 99% de bonificación que tenemos ahora pero no queremos que haya 17 versiones distintas del mismo hecho. Apostamos por la supresión porque es una barbaridad».

En este sentido, el presidente de la Asociación de Autónomos de Andalucía (ATA), Lorenzo Amor, ha recordado que el verdadero problema surge con las personas físicas que pagan el tributo, que son la mayoría de los empresarios en España. Desmonta el mito de que sólo los ricos abonan a la Junta por heredar. «No conozco a ninguna empresa que facture 20 millones de euros al año y que haya pagado este impuesto, pero sí conozco a muchos autónomos que lo pagan», aclaró, por lo que pide su supresión y bonificación.

El gerente de Asaja-Sevilla, Eduardo Martín, desde el punto de vista de los agricultores, coincide en este criterio. «Nos encontramos continuamente con auténticos dramas en Asaja», dijo, una situación que se ha corregido en parte con el decreto autonómico del pasado agosto que extiende las exenciones. No obstante, quedan algunos «flecos», como la muerte del cónyuge que no se dedica a la agricultura, que impide acogerse a la bonificación, y la penalización fiscal que sufre el hijo no agricultor, lo que obliga al padre a «morir con las botas puestas».

El presidente de Stop Impuesto Sucesiones, Juan Carlos Valverde, criticó el «afán recaudatorio voraz y sin sentido» de la Junta de Analucía, que «está utilizando coeficientes multiplicadores para asegurarse la mordida». «Si el Gobierno no lo suprime, la llave de la bonificación la tiene la Junta», ha precisado.

Por último, el abogado y anfitrión en el debate, Armando Rozados, ha indicado que con los 2.000 millones de euros en fianzas que ha renunciado a cobrar la Junta como acusación en el caso ERE cubriría cinco años de recaudación del impuesto de sucesiones.