El exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, responde las preguntas del fiscal
El exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, responde las preguntas del fiscal - EFE/Pepo Herrera

CASO ERE ANDALUCÍAEl ex interventor insiste en la pasividad de tres consejeros para frenar las irregularidades

Manuel Gómez ratifica en el juicio su declaración ante el Supremo cuando reprochó a Griñán, Fernández y Vallejo que desatendieran su alertas

AndalucíaActualizado:

El interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, ha confirmado este lunes en el juicio de la pieza política del caso ERE que tres consejeros del Gobierno andaluz pudieron frenar las irregularidades en el sistema de ayudas de los ERE tras recibir sus informes sobre la gestión anual de la agencia IFA/IDEA cuestionando el procedimiento pero estas advertencias fueron desatendidos. Tales «deficiencias», como las ha calificado, abarcaban desde la falta de fiscalización previa de las ayudas o el uso de un mecanismo inadecuado de pago de las ayudas, las controvertidas transferencias de financiación.

«Todas las evidencias que obtuvimos, todas, no las ocultamos sino que las plasmamos por escrito y las dirigimos a tres miembros del Gobierno de la Junta de Andalucía. Desde mi punto de vista, no hay excusa alguna para no haber tomado las medidas de corrección que tenían que haber tomado», aseguró Gómez en el Tribunal Supremo, que entonces investigaba a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, según refleja el acta de su declaración el 28 de abril de 2015.

Ante una pregunta expresa de la Fiscalía sobre «lo que pudieron hacer» los consejeros y no hicieron, durante el interrogatorio, el exinterventor, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de seis años de prisión por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, ratificó dichas manifestaciones suyas en el juicio que se celebra contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñan, que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla.

En el acta de su declaración ante el Supremo afirmó incluso que «deliberadamente se desatendió» su alerta. «¿Qué hizo el receptor del informe de control financiero? Meterlo en el cajón», sostuvo.

Los tres destinatarios de los informes durante la pasada década fueron el consejero de Empleo, Antonio Fernández García; el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, y el consejero de Hacienda, José Antonio Griñán. Todos ellos están acusados de supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por un procedimiento que repartió 855 millones de euros ayudas de forma arbitraria y sin control entre 2000 y 2010.

No obstante, el ex interventor general de la Administración autonómica matizó durante el interrogatorio que no comunicó «directamente» al consejero de Hacienda un posible menoscabo de fondos públicos, como marca la Ley General de Hacienda, porque «no detectamos ningún supuesto que requiriese denuncia un delito o una responsabilidad contable».

Transferencias de financiación

No detectaron menoscabo de fondos ni él ni «la decena de personas» que intervinieron en los informes de control financiero permanente de IFA/IDEA, la agencia autonómica que utilizaba la Consejería de Empleo para pagar las ayudas a la que éste enviaba el dinero, a través de transferencias de financiación, para abonarlas.

«Ellos como yo, que tengo el mismo conocimiento o menos que ellos, hemos pensado que ninguno de los hechos merecían esa calificación», dijo en referencia al supuesto menoscabo de fondos al ser preguntado por su abogado, José Rebollo.

Gómez salvaguardó el papel desempeñado por la Intervención General: «Nunca hemos dejado de ofrecerle a la Administración las mejores soluciones en la gestión sana de los recursos públicos». Insistió, a preguntas de su letrado, en que «no tuvo ninguna herramienta, en absoluto, que le permitiera interrumpir, suspender o anular los pagos de la agencia IFA/IDEA».

Tampoco, expuso, tenía capacidad para cancelar sus cuentas. Negó que tuviera conocimiento de la existencia de intrusos, personas ajenas a las empresas subvencionadas, en ERE financiados por la Junta y «no sabíamos si había o no un procedimiento de selección de las aseguradoras».