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Javier Gómez, en su declaración durante el juicio de los ERE - EFE
CASO ERE ANDALUCIA

Caso ERE de Andalucía: El ex interventor de la Junta pone la marcha atrás en sus duras críticas a las ayudas

Gómez defiende ahora que estaban reguladas a pesar de que había «muchas deficiencias»

SEVILLAActualizado:

El juicio del caso ERE contra 22 ex altos cargos andaluces ha hecho cambiar de manera sorpresiva la opinión que durante años han mantenido algunos acusados. Incluido el interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez. La que ha sido una de las voces más críticas con la gestión del sistema de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis negó ayer que el método empleado prescindiera del «procedimiento legalmente establecido». Una grave afirmación que figura en un informe con su firma de 2005.

A preguntas del fiscal, Gómez Martínez, que se enfrenta a una petición de seis años de cárcel por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, asegura ahora que no comparte tan categórica afirmación. «Con los ojos de hoy», matizó, no cree que fuera aplicable la legislación de subvenciones «directamente y sin anestesia», como pensaba en 2005, porque «no son subvenciones, sino ayudas sociolaborales» si se examinan «con el tamiz» de la orden reguladora del Ministerio de Trabajo de abril de 1995.

Aunque reconoció que había «muchas deficiencias» en los expedientes, explicó durante el interrogatorio que «no las valoramos como un delito ni como un menoscabo de fondos, que son las circunstancias que nos hubieran obligado a dar un salto y aplicar otro tipo de actuaciones, ni yo y ni una docena larga de personas» que tomaron parte en la fiscalización.

Los expedientes se deterioraron y los beneficiarios empezaron a seleccionarse de forma caprichosa

Las «deficiencias» observadas por el órgano de control interno de la Junta se plasmaron por escrito en un informe adicional de control financiero de las cuentas anuales de 2003 de la agencia pública, IFA/IDEA, el ente instrumental que utilizaba la Consejería de Empleo para pagar las ayudas.

Este mecanismo, las denominadas transferencias de financiación, facilitó que los controles fueran más laxos porque las ayudas no estaban sometidas a la fiscalización previa, como reconoció este funcionario, en contra de lo que sucede con el gasto que directamente gestiona la Consejería.

Con todo, el actual interventor delegado de la Agencia Tributaria de Andalucía argumentó que en la pasada década había «ambigüedad» en el régimen jurídico de las citadas transferencias y que no fue hasta la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2013 cuando esta figura se reguló.

Como consecuencia de ello, los expedientes se deterioraron y los beneficiarios empezaron a seleccionarse de forma caprichosa, por motivos electorales o por razones de parentesco y amistad, como comprobó posteriormente la anterior juez instructora del caso, Mercedes Alaya.

El funcionario admitió que estos reparos iban desde la falta de fiscalización previa hasta millonarios desfases presupuestarios debido a que la Dirección General de Trabajo firmaba convenios de ayudas por un importe superior al dinero que le enviaba a la agencia pública para abonarlas.

Decisión «atípica»

Gómez relató que le parecieron tan «serias» las infracciones halladas que adoptó una decisión «atípica»: realizar un informe complementario al informe regular de control financiero. Lo envió en 2005 a tres consejeros andaluces distintos, sin que nadie, incluida la Consejería que «debía solucionar el problema», hiciera nada para frenarlo: Antonio Fernández (Empleo), Francisco Vallejo (Innovación) y José Antonio Griñán (Hacienda), que en 2009 se convirtió en presidente.

Todo lo más que admitió el interventor es que «no se estaban gestionando bien las subvenciones». Un reproche muy leve si se compara con las denuncias tan graves que hizo en 2015 ante el instructor del Tribunal Supremo que investigó a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Entonces culpó al Ejecutivo andaluz del fraude de los ERE por la «desatención» que mostraron ante sus sucesivas advertencias. A Griñán lo acusó en 2012 de «cebar sin descanso la corrupta partida de los ERE».

El ex interventor es el encargado de elaborar, junto con otro experto autonómico, el nuevo reglamento que el Gobierno andaluz va a aprobar para reforzar el control de sus interventores. Una medida estrella que anunció Susana Díaz al hilo de los escándalos.

Frente a la pasividad que se le imputa a Gómez en el proceso, éste sacó pecho por su actuación, que calificó de «muy meritoria» porque realizó un informe adicional que no estaba obligado a hacer y encima se lo remitió a la Consejería de Empleo, pese a no ser preceptivo, por «lealtad institucional». Acabó pidiendo la hora al tribunal porque se encontraba muy cansado tras permanecer 40 días en cama por romperse los dos pies.

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