Juana Rivas saliendo del Juzgado de Granada
Juana Rivas saliendo del Juzgado de Granada - ABC

Caso Juana Rivas: Los puntos negros de la lucha de una madre por sus hijos

Impagos por valor de miles de euros, cambios de bufetes, letrados enfadados... La batalla de la de Maracena tiene un largo rastro de damnificados

SEVILLAActualizado:

El caso de Juana Rivas «es un laberinto». Es la opinión de alguien muy cercano a la madre de Granada que tuvo que devolver a sus hijos a su padre, un italiano condenado por malos tratos por lo que ahora está acusada de desobediencia y de secuestro de menores. Pero no está solo. Es lo que repiten, con variantes, muchos de los que se han visto implicados en el tsunami social, judicial y mediático que es este caso. Y en ese laberinto hay muchos rincones oscuros que empiezan a llamar la atención según se suceden los abogados que representan a Rivas.

La madre granadina ha ido encadenando defensas y acumulando facturas de abogados de varios despachos desde que su caso saltase a la luz hace año y medio. Los impagos se acumulan y eso que la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se comprometió personalmente con la causa de Juana y aseguró que le iba a dar la asistencia legal que necesitase. Porque una verdad innegable en este caso es que Juana Rivas es una mujer maltratada con una sentencia firme que así lo avala. Eso está fuera de toda discusión.

Al principio, Juana contaba con la asesoría de su consejera de cabecera, Paqui Granados y con la del equipo del centro de atención a la mujer de su Maracena natal, en Granada. También con la representación de una abogada de oficio, María Castillo, quien llevó todo su caso desde julio de 2016 hasta agosto de 2017, cuando renunció a representar a Juana en la parte penal del caso. ¿Qué pasó entonces? Dos cosas. Por un lado la madre entregó a los hijos al padre y, por otro, buscó un despacho de abogados de pago sevillano, aconsejada por alguien de su entorno.

Fuentes cercanas a la abogada granadina de oficio aseguran que la letrada está molesta con el trato recibido. Sobre todo por parte de la Junta, que no habría pagado toda la actividad de su despacho en el año que atendió a Juana. Sirva como ejemplo que, por todo la cuestión de la sustracción de menores solo cobró 298 euros. En total, esta letrada solo habría percibido «un diez por ciento de lo que ha hecho. Y un recurso extraordinario, por ejemplo, son 1.800 euros más IVA -añaden- y de eso no ha visto un euro hasta ahora».

Indican las mismas fuentes que tampoco le hizo ninguna gracia a María Castillo que la presidenta de la Junta prometiese asistencia jurídica como si ella no estuviese trabajando ya en el caso. Como lo estaba también la española afincada en Italia Eugenia Álvarez, quien representa Juana Rivas en el país transalpino como abogada de oficio.

Pero hay más personas esperando a cobrar. Tampoco han visto un euro en el despacho de Madrid Montero Estévez Abogados, donde se prepararon los dos recursos al Tribunal Constitucional. Allí está Almudena Mendoza, quien firmó los recursos y asistió a la letrada granadina de oficio. Pero no trabajó sola, sino que tuvo la ayuda de varios abogados del despacho. «El primer recurso fue un encargo del viernes al lunes, hubo que echar muchas horas», explica alguien que estuvo cerca del proceso. Aunque desde Montero Estévez no quieren revelar a cuánto asciende la deuda de Juana Rivas, una consulta rápida a la tabla de precios sugeridos por el Colegio de Abogados de Madrid indica que cada proceso iniciado por este despacho se cobra a unos 3.500 euros más IVA.

Cambio de estrategia

Asesorada por alguien, Juana Rivas decidió tras entregar a sus hijos que la asistencia de su abogada de oficio, María Castillo, no era suficiente para su caso. Ya había recurrido a un despacho de pago en Madrid para los recursos ante el TC y ahora decidió que quienes tenían que llevar sus asuntos penales eran los letrados del despacho sevillano Ramírez Sarrión. Y entonces llegó la petición de 60.000 euros a la gente a través de una web de recaudar fondos, de los que lleva recaudados algo menos de 8.000.

La madre granadina publicó un vídeo en el que aseguraba que pedía esa cantidad «para los gastos que se me avecinan». Juan de Dios Ramírez, del despacho Ramírez Sarrión lo confirma. «Es para pagar costas judiciales, abogados, peritos, pruebas... A Juana le vienen muchas cosas que tiene que pagar», justifica. Entre los procesos a los que tiene que hacer frente está el recurso ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que está preparando Ramírez y sus colegas.

Haciendo cuentas, por la defensa de Rivas han pasado ocho abogados de tres despachos en dos países distintos. A eso hay que sumarle su asesora legal de cabecera, Paqui Granados y su equipo, que no ha dejado nunca de aconsejar a Juana. Y en todo este lío de letrados, despachos y países, hay una constante: todos los que se han visto envueltos en el caso se han quedado sin cobrar sus honorarios.