Choque entre la Fiscalía y la juez Núñez por la instrucción del caso Avales
La magistrada explica en un escrito que no asume «como verdad incontrovertible, indiscutible, irrefutable, probada o constatada lo denunciado por la UCO»
La juez María Núñez Bolaños , que investiga las presuntas irregularidades en los avales y préstamos concedidos por la agencia IDEA, ha reprochado a la Fiscalía que pretenda «retrotraer actuaciones y volver a una instrucción ya abandonada», en referencia a la juez Mercedes Alaya , «que abocaba a la creación de una ingente e incontrolable macrocausa, por lo demás innecesaria, para investigar los hechos o indicios de hechos delictivos denunciados».
En un auto fechado el día 2 de octubre , al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada se pronuncia de este modo al rechazar un recurso del Ministerio Público contra una providencia donde ordenaba la práctica de una serie de diligencias , como la realización de un informe pericial por parte de la Intervención General de la Administración del Estado .
En este sentido, la juez pone de manifiesto en su resolución que «el Ministerio Público, en esta insistente solicitud de volver atrás en la instrucción, también recurrió varias resoluciones dictándose autos ilustrativos al efecto debatido».
A su juicio, «sería conveniente que el Ministerio Público , en vez de volver a pedir las distintas diligencias acordadas en el auto de 24 de febrero de 2014, pidiera que se siga el diseño de instrucción que se consagraba en ese auto».
Y todo ello «explicando las motivaciones por las cuales entiende que es más efectivo para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos denunciados en la presente causa abrir una innecesaria e ingente macrocausa, a modo y semejanza de otras existentes en este órgano judicial , que sólo implica, sin utilidad alguna, complicar una instrucción en grave perjuicio de los derechos fundamentales de terceros».
Según pone de manifiesto la juez , la Fiscalía no ha expuesto «de forma clara» cuáles son los razonamientos sobre «por qué» considera que la pericial de la Intervención General de la Administración del Estado y el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «son pertinentes y necesarios».
Modo de instruir
La magistrada, asimismo, admite que «es cierto que el modo de comprender la forma en la que ha de llevarse la instrucción es diametralmente opuesta a la iniciada en el año 2014», en alusión a la juez Mercedes Alaya.
«Desde el auto de 2 de marzo de 2016, se diseña un camino a seguir en la instrucción que es diferente al que se venía desarrollando», subraya la juez.
De igual modo, asevera que « no asumimos como verdad incontrovertible, indiscutible, irrefutable, probada o constatada lo denunciado por la UCO, entendiendo que es necesario acreditar, en primer lugar, si es cierto que existe una simultaneidad de ayudas contraria a nuestra legislación y no es ésta una cuestión tan sencilla como parece a simple vista».
Para finalizar, dice en modo irónico que «es de agradecer la consideración hacia la capacidad de su señoría, de quien se dice que sin necesidad de los peritos y sólo con sus conocimientos puede examinar la voluminosa documentación sobre las diferentes empresas a las que se concedieron diversas ayudas y concluir sobre su legalidad».
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