Las diputadas de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto (i), María Carmen Pérez( c) y Elena Cortés muestran sus camisetas reivindicativas en el Parlamento
Las diputadas de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto (i), María Carmen Pérez( c) y Elena Cortés muestran sus camisetas reivindicativas en el Parlamento - EFE

La «ciberviolencia» será considerada violencia de género en Andalucía

El Parlamento aprueba modificar la ley actual, de 2007, aumentando el concepto de víctima pero sin incrementar la cuantía económica

SEVILLAActualizado:

La clave está en la fecha. El Gobierno andaluz que preside Susana Díaz quería hacer coincidir la modificación de la Ley de Violencia de Género con el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y por eso la modificación de la normativa actual, que data de 2007, se ha empezado a debatir en el Parlamento precisamente este martes.

La principal novedad de la normativa es que cambia el concepto de víctima e incluye la tipificación de las diferentes formas de agresiones contra las mujeres, si bien el texto no cuenta con el respaldo unánime de la Cámara andaluza. Podemos e IU pidieron su devolución al Gobierno y frenar su tramitación, si bien salió adelante gracias al apoyo del PSOE, Ciudadanos y el PP, una formación que tampoco escatimó en críticas.

El principal reproche que hicieron todos los grupos al texto del Gobierno es que la modificación de la norma contra la violencia de género no cuenta con presupuesto. Amplía algunos derechos, habrá que ver cuáles permanecen tras el trámite parlamentario, recoge más ayudas para las víctimas pero no dinero para ponerlas en prácticas.

A esto hay que sumar la denuncia que este martes hizo la diputada del PP, Ana Vanessa García, desde la tribuna del salón de plenos. Según aseguró, recogiendo los datos de la Oficina de Control Presupuestario del Parlamento, la Consejería de Justicia dejó de gastar el 72% de los fondos destinados a la lucha contra la violencia hacia las mujeres en los últimos siete meses.

Este departamento de la consejería que dirige Rosa Aguilarcontaba con 4,2 millones de euros, si bien una modificación presupuestaria aprobada por el Consejo de Gobierno lo dejó en 1,2 millones de euros. «Y de esos sólo se ha gastado 800.000 euros», según las palabras de Ana Vanessa García.

Las novedades

La principal novedad que se introduce es la ampliación del concepto de víctima de violencia de género, además de a los menores, incluye a otros colectivos como personas mayores, con discapacidad o dependientes que estén sujetas a la tutela, guardia o custodia de la mujer víctima y que convivan en el entorno violento.

Asimismo, y siguiendo las recomendaciones del Convenio de Estambul, el proyecto especifica los distintos actos de agresión y maltrato atendiendo a su modus operandi y al perjuicio causado, más allá de la actual referencia genérica a las formas de la violencia (física, psicológica, económica y sexual).

Respecto a la protección, el proyecto de ley incorpora el derecho a recibir atención adecuada sin necesidad de previa interposición de denuncia, una medida que ya se lleva a cabo en Andalucía.

Así se garantiza el asesoramiento y el acompañamiento a las víctimas por profesionales especializados durante el proceso judicial y, en casos de renuncia al mismo, son derivadas a los servicios especializados de la Administración.

Al plan de seguridad personal, la nueva ley añadirá el plan integral personal de carácter social, que igualmente ya se realiza ofreciendo una respuesta individual a cada víctima a partir de la evaluación de sus necesidades específicas.