Condenado el Servicio Andaluz de Empleo por «cesión ilegal» de personal
Un juez tilda de irregularidad «de libro» el uso de trabajadores externos, financiados con subvenciones, para tareas propias de la agencia de la Junta
Una «cesión ilegal de trabajadores casi de libro» . Así califica un juez la utilización irregular de empleados externos dedicados a orientar a parados en la búsqueda de un puesto de trabajo por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que financiaba sus contratos a través de subvenciones. El organismo dependiente de la Consejería de Empleo ha sido condenado a readmitir a dos trabajadoras de la Mancomunidad de Municipios del Valle de los Pedroches , en Córdoba , que habían sido despedidas el 28 de julio de 2015 con el pretexto de que se habían agotado las ayudas.
El SAE se verá obligado a reincorporarlas a su plantilla como laborales indefinidas porque «en realidad fueron ilegalmente cedidas» de la mancomunidad al servicio público, atendiendo al artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores. De hecho, después su cese, las mismas tareas pasaron a ser desempeñadas por personal propio: empleados procedentes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), un coladero de personal afín al PSOE que carece de tareas definidas. El titular del juzgado de lo Social número 1 de Córdoba, Juan de Dios Camacho Ortega, declara nulo los despidos de ambas trabajadoras y obliga a la agencia de la Junta de Andalucía a abonarles los salarios que dejaron de percibir (a razón de 67,03 euros diarios) desde el día siguiente a su cese hasta la fecha de su readmisión.
La onda expansiva de la sentencia dictada el 10 de noviembre pasado, a la que ha tenido acceso ABC, trasciende el caso de la dos empleadas de esta entidad colaboradora del SAE que trabajaban en una oficina del paro de la localidad cordobesa de Pozoblanco . La resolución pone en jaque un modelo de gestión que la Junta puso en práctica con el programa Andalucía Orienta , que emula al Programa de Formación Profesional para el Empleo (FPE), basado en la externalización de servicios públicos a través de ayuntamientos, entidades locales, sindicatos u organizaciones empresariales enganchadas a una red de ayudas públicas para desempeñar funciones que competen a la Administración.
Partida de 100 millones de euros
En opinión de expertos en Derecho Laboral consultados por este periódico, la condena del SAE por estos despidos abre la puerta a que cientos de empleados de entidades colaboradoras de la Junta acudan a los tribunales para solicitar su reincorporación . Consciente de lo que está en juego, el SAE ha recurrido el fallo ante la Sala de lo Social en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La sentencia va camino de convertirse en un nuevo quebradero de cabeza para el organismo público, que en los presupuestos de la Junta para 2016 ya tuvo que reservar una partida de 100 millones de euros más para ejecutar las resoluciones judiciales a favor de los denominados Alpes (Agentes Locales de Promoción de Empleo), los asesores y promotores de empleo, cuyos despidos durante la crisis fueron igualmente declarados nulos.
¿En que se basa el magistrado para sostener que ha habido una cesión ilegal de trabajadores? Al Servicio Andaluz de Empleo le compete la orientación laboral en la Comunidad, pero en lugar de realizarlo directamente «externaliza dicho servicio propio entre los diversos organismos que concurren al sistema de subvenciones diseñado al efecto», señala Juan de Dios Camacho. De tal manera que el SAE no sólo interviene en el proceso de selección y en la formación del personal, sino que «además organiza, dirige, controla y supervisa sus tareas», mientras que la mancomunidad cordobesa funciona «como ente meramente instrumental». «Precisamente usa casi todo el dinero de la subvención-SAE para dar de alta en Seguridad Social a las trabajadoras como su empleadora nominativa y meramente formal, hacerles cada mes las nóminas y pagárselas sin más», continúa el juez.
El problema de los Faffe
Por todo ello, advierte, se trata « un supuesto casi de libro de cesión ilegal de trabajadores». «Lo que ha hecho el Servicio Andaluz de Empleo, verdadero y real empleador de las actoras [...] ha sido propiciar su sustitución, en toda Andalucía por personal propio».
Conforme iba concluyendo el programa y con el argumento de que se agotaban las subvenciones, el organismo autonómico recurrió a antiguo personal de la Faffe y Alpes reciclados expresamente para ejercer como técnicos de orientación laboral , servicio que durante años ha venido cubriendo con trabajadores ajenos que fueron encadenando contratos temporales por obras o servicios, en el caso de las recurrentes desde abril de 2013 hasta su cese hace casi un año. El SAE tiene un problema, sobre todo con los 1.137 ex Faffe en nómina y sin funciones.
Las ex empleadas pidieron la declaración de improcedencia de su extinción laboral e interpusieron la demanda contra el SAE y la mancomunidad por «cesión ilegal de trabajadores». El juez les ha dado la razón.
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