Andalucía

Decenas de miles de empleados públicos, en vilo por un recurso

Un escrito a la Audiencia Nacional pone en jaque el acuerdo del sector y puede dejar en la calle a 600.000 empleados temporales de la administración

El abogado Manuel Martos
El abogado Manuel Martos - ABC

Hasta 250.000 interinos de la administración podrían perder su trabajo en los próximos tres años. 600.000 si se atiende a los cálculos del abogado Manuel Martos. Es el posible resultado de un acuerdo entre el Gobierno central y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, por el que se busca acabar con la alta tasa de temporalidad de los trabajadores de la función pública, convirtiendo esos puestos interinos en funcionarios. Martos, de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL) presentó un recurso para impugnar este documento. Y la Audiencia Nacional lo ha admitido a trámite. «Supone que se paraliza el acuerdo y, por lo tanto, el artículo 19 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado», explica el abogado.

Desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no están de acuerdo. Para ellos, «la admisión a trámite del recurso contra el pacto no significa que se pare ningún artículo de la Ley de Presupuestos, norma que es autónoma de cualquier acuerdo».

El convenio contra el que actúa Martos, rubricado en Madrid el pasado 29 marzo, supone que, en un plazo de tres años, el 92% de los trabajadores temporales de todas las administraciones -locales, regionales y estatales-, pierden su puesto. Es decir, que se sacan a libre oposición. Y, aclaran desde el Gobierno, los interinos deberán presentarse en igualdad con los demás candidatos. En total, desde el Ministerio de Hacienda, creen que hay unos 250.000 trabajadores afectados. Martos sube esta esa cantidad a 600.000 empleados públicos temporales.

Desde el Gobierno, en todo caso, quieren matizar que no es algo que vaya a ocurrir de golpe. El plan para reducir la temporalidad en la administración tiene un plazo de tres años, aseguran. Y, añaden, tampoco es cierto que los interinos no tengan alguna ventaja en las eventuales oposiciones que están por venir. Las Comunidades Autónomas, explican, podrán implementar un proceso tras la adjudicación de las plazas, en las que se sumen puntos por tiempo de servicio. Pero esta fase de concurso, explican, será siempre posterior a la celebración de las oposiciones.

El trabajador interino, por lo tanto, tendrá que opositar para mantenerse en su puesto. Si no saca la plaza, se va a la calle. Si la saca, podrá sumar los puntos extra que le correspondan por el tiempo que ejerció esas funciones como temporal.

El letrado que ha interpuesto el recurso ante la Audiencia Nacional insiste en que no es un sistema que dé estabilidad a los interinos. «Puede suponer que se queden en la calle miles de empleados». El Gobierno, por su parte, lo desmiente. Y asegura que, si se firmó el acuerdo, fue porque lo solicitaron las comunidades autónomas y los sindicatos. Para dar estabilidad a los empleados de la administración y reducir al 8% la temporalidad de quienes trabajan en la función pública.

En todo caso, desde el Ministerio de Hacienda explican que, al no conocer aún el contenido del recurso presentado por Martos y su asociación y los motivos por los que quiere impugnar el acuerdo, no pueden valorar todavía los hechos. Pero sí dejan claro que, de momento, nada ha parado ni el acuerdo ni la Ley de Presupuestos del Estado.

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