Manuel Gómez a su llegada a la Audiencia de Sevilla el pasado miércoles
Manuel Gómez a su llegada a la Audiencia de Sevilla el pasado miércoles - RAUL DOBLADO
CASO ERE ANDALUCIA

El exinterventor de la Junta, el único acusado en el juicio de los ERE que alertó de irregularidades

El abogado de Griñán aclara que no endosó ninguna responsabilidad a Manuel Gómez en su escrito de defensa

SEVILLAActualizado:

El exinterventor de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez ha defendido este viernes en el juicio de la pieza política del caso ERE que elaboró «numerosos» informes para «alertar» de las «irregularidades administrativas» detectadas en los procedimientos de adjudicación de subvenciones y ayudas por parte de la Consejería de Empleo. El alto funcionario se sienta en el banquillo junto a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y 19 ex altos cargos más.

Durante la tercera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Sevilla, su letrado, José Rebollo, leyó parte de su escrito de defensa, en el que insistió en que su representado «no omitió, en el cumplimiento de sus funciones como interventor, acción alguna impuesta por ley».

Gómez, que se enfrenta a una petición de seis años de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y asociación ilícita, sostiene que «plasmó en los correspondientes informes las irregularidades detectadas en el sistema de adjudicación de ayudas, y los remitió a quienes tenían competencia y poder decisorio para adoptar las medidas oportunas y poner fin a dichas irregularidades».

Del hecho de que conociera por razón de su labor de intervención que había irregularidades en el proceso de concesión de las ayudas «no puede desprenderse que conociera el destino final de los fondos adscritos a las mismas, y mucho menos que hubiera por su parte un ánimo de lucrar a terceros». Añadió que la irregularidad administrativa «puede ser causa de anulabilidad o de nulidad de pleno derecho, pero no necesariamente de la comisión de una infracción penal como prevaricación o malversación».

En sus defensas, leídas durante la jornada del pasado jueves, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán apuntaron que el sistema por el que entre 2001 y 2011 se concedieron 854 millones de euros en ayudas sociolaborales no era ilegal y que la Intervención General de la Junta no emitió informe de actuación para paralizar su concesión ni contra las modificaciones presupuestarias aprobadas para hacer frente a esos gastos.

El letrado de Gómez, por su parte, subraya que en sus informes alertó de que el sistema empleados para pagar las ayudas de la agencia pública IFA/IDEA con dinero de la Consejería de Empleo era «inadecuado».

El exinterventor lamentó la acusación contra él y asegura que obvia «la realidad de que, por razón de la naturaleza de sus competencias, ni dictó ni participó en la adopción de resolución administrativa alguna vinculada a los hechos objeto de imputación, careciendo igualmente de facultad de disposición de fondos públicos que permitan imputarle un delito de malversación».

Antes de empezar la sesión de hoy, el abogado del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, que está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Sevilla junto a otros 21 ex altos cargos por el denominado procedimiento específico de los ERE, ha asegurado este viernes que «es absolutamente falso que se haya apuntado por parte de su defensa a una hipotética responsabilidad» del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez en su escrito de conclusiones provisionales.