Varios de los detenidos en la «Operación Poniente», sobre corrupción en el Ayuntamiento de El Ejido, a su llegada a los juzgados de Almeria
Varios de los detenidos en la «Operación Poniente», sobre corrupción en el Ayuntamiento de El Ejido, a su llegada a los juzgados de Almeria - CARLOS BARBA
ALMERÍA

El fiscal cifra en 71,5 millones el saqueo de las arcas de El Ejido

Pide 64 años de cárcel tanto para el exalcalde Juan Enciso como para el exinterventor

ALMERÍAActualizado:

Una vez que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería finalizara la investigación del caso «Poniente», tras más de siete años de arduo trabajo, restaba conocer para el procesamiento la calificación provisional del Ministerio Público. El escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción se ha dilatado casi un año y medio, pero en el mismo se asestan golpes demoledores contra los intereses de los 65 procesados. Sin lugar a dudas, el fiscal sostiene que el exalcalde Juan Enciso era «perfecto conocedor» de las actividades ilícitas llevadas a cabo en el Ayuntamiento de El Ejido entre 2002 y 2009 y que supusieron un saqueo de 71,5 millones de euros a través de la empresa municipal Elsur.

Además, sostiene que el exregidor, para el que solicita 64 años de prisión y 42 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, malversación de caudales público y cohecho, además de falsedad, contó en todo momento con la «indispensable connivencia» del exinterventor municipal y también miembro del consejo de administración de Elsur José Alemán, para quien se pide la misma pena.

De los 78 investigados desde el inicio de la operación desarrollada por la Policía Nacional, nueve no se sentarán en el banquillo al haberse sobreseido la causa contra ellos y los restantes cuatro no lo harán por haber fallecido. En la causa, iniciada tras detectarse una trama corrupta que pivotaba sobre la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), participada por el Consistorio ejidense y la sociedad Abengoa, se investiga el grado de implicación de los acusados en los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, malversación, contra la Hacienda Pública y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Fue la Fiscalía Anticorrupción la que abrió diligencias de investigación en 2008

Fue la Fiscalía Anticorrupción la que abrió diligencias de investigación en 2008. Tras dar traslado al juez, éste en abril de 2009 incoó diligencias previas, pero no fue hasta el mes de octubre cuando los agentes irrumpieron en el Ayuntamiento de El Ejido y practicaron el arresto de 20 personas. La primera fase de la operación derivó en el ingreso en prisión de Enciso, Alemán, a quien se considera presunto cerebro de la trama de corrupción municipal, y los empresarios José Amate, Juan Antonio Galán y Jesús Aragón entre otros. Dos meses después fueron arrestados los hermanos Lirola, también administradores de subcontratas relacionadas con Elsur.

Así era el saqueo

Según el fiscal, el saqueo de las arcas públicas se realizó «orquestando la creación» de una red de sociedades que se dedicaban a «subcontratar» con Elsur con «una doble finalidad: engordar artificialmente el canon anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento, y, por otra, aumentar más sus ingresos defraudando a Hacienda».

La Fiscalía sitúa en el epicentro de la presunta trama para «aprovechamiento ilícito» al grupo empresarial Abengoa como socio privado de Elsur, con un 30% del accionariado, y le acusa de haberse apoderado de 31 millones de euros con «sobrefacturación». Así. «a cambio de prebendas económicas, Enciso, como alcalde y presidente del Consejo de Administración del Elsur, y Alemán, como exinterventor y a la par vocal del citado consejo, hicieron caso omiso de sus obligaciones de fiscalización y control para con los fondos públicos del municipio». El segundo «autorizaba, a sabiendas, el gasto, una vez contabilizado, y el primero autorizaba con su firma las resoluciones donde se ordenaban los pagos».