SANIDAD

La Fiscalía investiga la filtración de información sanitaria confidencial a una farmacéutica

Un trabajador denuncia connivencias «con ánimo de lucro» entre altos cargos de Salud y el laboratorio

Susana Díaz recibió este lunes a la nueva fiscal jefe en Andalucía, Ana Tárrago. / EFE
Susana Díaz recibió este lunes a la nueva fiscal jefe en Andalucía, Ana Tárrago. / EFE
Leo Rama Sevilla - Actualizado: Guardado en: Andalucía

La Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía está investigando la supuesta filtración de información confidencial «con ánimo de lucro» al laboratorio alemán Boehringer Ingelheim. Los datos facilitados a esta empresa por interlocutores de los sistemas sanitarios públicos –tanto de Andalucía como de Extremadura– incluirían fichas, recetas médicas o pantallazos del programa informático de gestión, donde se recoge a nivel global el consumo de fármacos; todo ello está protegido por la Ley de Protección de Datos.

La denuncia –interpuesta por el Defensor del Paciente– parte de un trabajador de esta empresa, el cual tiene ahora tiene 63 años y lleva tres décadas al servicio de la misma. Según su relato, al que ha tenido acceso ABC, su trabajo consiste en ejercer «una labor de lobby a través de relaciones institucionales dirigidas a responsables directivos y gestores sanitarios de las dos administraciones autonómicas sanitarias» que están bajo sospecha por el momento.

De forma «continua y habitual», este trabajador recibe en su correo electrónico corporativo emails con información sanitaria en la que aparecen datos personales de pacientes y funcionarios del ámbito sanitario, así como documentación extraída del programa de gestión clínica. El denunciante asegura que dicha información sirve para luego hacer «presiones contrarias a legítimos criterios de eficiencia y gestión clínica de los gestores sanitarios» que interfieren en las políticas de eficiencia, en los visados de inspección médica e incluso en las subastas de medicamentos.

Las presiones que este trabajador, el cual lleva más de dos años de baja, habría recibido serían la causa de un cuadro de ansiedad y complicaciones derivadas, razones por las que pide que la empresa rescinda su contrato laboral.

«Está pasando»

Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente, que puso en conocimiento del Ministerio Público las presuntas ilegalidades, ha calificado de «muy graves» los hechos denunciados: «Es algo que está pasando». «La ley es clara», ha insistido a este periódico con preocupación, porque teme que las mismas prácticas se estén llevando a cabo en otras comunidades, además de Andalucía y Extremadura. Es por eso que la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía ha dado cuenta de la situación a la Fiscalía General del Estado para que inicie las actuaciones pertinentes.

La Fiscalía tratará de esclarecer con qué fines y quiénes hacen las filtraciones. Según fuentes próximas al caso, también estarían implicados altos cargos de las administraciones autonómicas: «Podríamos llevarnos una sorpresa». Tanto la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía como la empresa farmacéutica han asegurado a ABC desconocer cualquier asunto referente a los hechos denunciados, de los que dicen tener constancia tras su publicación en El Confidencial Digital. De momento, Boehringer Ingelheim no se plantea emprender acciones legales.

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