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ENTREVISTA

Francisco Fontenla: «Entre los funcionarios se ha instalado la zozobra tras los casos judiciales»

Los interventores defienden que hicieron todo lo que estaba en su mano en los ERE y la formación 

Francisco Fontenla, presidente de la asociación de interventores de la Junta ROCIO RUZ

ANTONIO R. VEGA

Entre los objetivos que se marca la Asociación de Interventores de la Junta de Andalucía que acaban de constituir (con 70 socios), aboga por «dignificar el ejercicio de la profesión». ¿La imagen de los interventores se ha visto perjudicada en los últimos años con los casos de corrupción?

La asociación se constituye por la necesidad de disponer de cauces adecuados de opinión y de reivindicación de un colectivo de empleados públicos cuya función de servicio público es desconocida para gran parte de la sociedad y, a veces, incomprendida incluso por sectores profesionales. Los recientes eventos judiciales y la proyección mediática que han alcanzado son factores que, por transmitir una imagen sesgada de los interventores y de su función, han influido en precipitar esta aspiración legítima.

¿Los políticos tienen en cuenta las recomendaciones que les hacen los interventores, o las ignoran como sucedió con los informes de los ERE?

Respecto de casos concretos que se encuentran en el ámbito judicial, la asociación tiene como propósito posponer cualquier opinión al momento en el que se produzca el dictamen de las instancias judiciales correspondientes. Los informes de los interventores van generalmente dirigidos al órgano gestor, habitualmente un director general o un delegado provincial. Cuando ejercemos la función interventora, nuestros informes son generalmente vinculantes . Cuando ejercemos el control financiero, las auditorías que emitimos, aunque no son vinculantes, tienen previsto en la Ley un procedimiento de seguimiento, que obliga a su destinatario a tomarlas en consideración. Desde mi punto de vista, este mecanismo legal adolece de deficiencias que justifican una revisión del procedimiento y, con toda seguridad, en este sentido se pronunciará en su momento la asociación.

¿Considera que han fallado los controles de la Intervención, entre otros órganos, como se desprende del auto que cierra las diligencias de la pieza política de los ERE?El juez Álvaro Martín ha procesado al interventor general de la Junta desde 2000 a 2010.

Desde el máximo respeto a las decisiones judiciales y teniendo en cuenta la complejidad técnica del asunto que dificulta su comprensión para quienes no son especialistas en esta materia, puedo afirmar que los controles que se aplicaron fueron los que en derecho procedían , sin omitir ninguno legalmente exigible.

¿Percibe que ha aumentado el recelo entre los funcionarios de la Junta a firmar determinados informes y resoluciones que puedan comprometerles a raíz de la sucesión de casos judiciales?

Los casos judiciales y su repercusión mediática no son algo deseable en el ejercicio de cualquier profesión, y es indudable que en el colectivo de funcionario s se ha instalado la zozobra y la sensación de riesgo en el desempeño de sus funciones. No obstante, estoy convencido de que mis compañeros siguen trabajando con el rigor y la honestidad que siempre les han caracterizado, más allá de la judicialización de asuntos en los que hayan intervenido.

En el caso de los cursos de formación, han tenido que testificar ante la juez María Núñez Bolaños todos los interventores adscritos a la Consejería de Empleo. ¿Cree que hicieron lo suficiente para evitar la utilización irregular de algunas ayudas?

Los fondos de formación se encuadran en el ámbito de las subvenciones y, como con cualquier otro gasto, el margen de maniobra es el que ofrece la Ley de Hacienda Pública y el Reglamento de Intervención. No tengo dudas de que mis compañeros actuaron con total profesionalidad e hicieron lo correcto, y si hubo irregularidades, estas , en ningún caso lo fueron por dejación de sus funciones .

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