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EL CASO DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN

¿Fraude o simples irregularidades administrativas?

Los grupos parlamentarios tendrán que presentar sus conclusiones antes del próximo lunes 19 de septiembre

Los miembros de la comisión de investigación del Parlamento durante una de las sesiones VANESSA GÓMEZ

STELLA BENOT

La mayor parte del trabajo ya está hecho pero ahora queda la parte más difícil. Porque para que la comisión de investigación de los cursos de formación haya servido para algo, el Parlamento tendrá que aprobar unas conclusiones definitivas. Lo que no ocurrió en la de los ERE. Los diputados que forman parte de esta comisión de investigación están ultimando sus conclusiones sobre qué es lo que ha pasado con los fondos públicos presuntamente desviados y las numerosas irregularidades detectadas.

El próximo lunes día 19 termina el plazo para que las entreguen oficialmente ante el presidente de la comisión, el diputado de Ciudadanos Julio Díaz , quien tendrá que sintetizarlas todas en un solo documento que después deberán aprobar los grupos y, si hay acuerdo, llevarlas ante el Pleno del Parlamento para su aprobación definitiva.

Aunque queda mucho camino por recorrer, las posturas parecen ahora muy alejadas ya que cada grupo parlamentario ha sacado unas conclusiones diferentes. Así, desde el PSOE consideran probado que tanto los testimonios recabados como la documentación analizada demuestran que sólo hubo «irregularidades administrativas».

En el otro extremo está el PP que culpa a los socialistas de haber bloqueado toda la investigación y de seguir haciéndolo, puesto que todavía no han recibido informes que habían solicitado por escrito. Aunque todavía no lo han redactado de manera definitiva, consideran demostrado que hubo un fraude, por lo que pedirán responsabilidades políticas.

Desde Ciudadanos son, por el momento, más conservadores. Su principal interés es que esta comisión sirva para algo así que pretenden proponer que cambien todos los procedimientos de las subvenciones. Izquierda Unida , por su parte, ha destacado que hubo una descoordinación y una falta de criterio común entre los distintos departamentos de la Junta al conceder estas subvenciones. Podemos está analizando los aspectos jurídicos de todo este embrollo.

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