HERENCIAS
Un grupo de expertos busca poner coto a la discriminación del impuesto de sucesiones
El director general de Tributos espera una «propuesta coherente» por parte del comité de sabios
El Gobierno se ha encomendado a una comisión de expertos para rehacer el nuevo rompecabezas de la financiación autonómica. Entre los cometidos que tienen veintiún académicos —16 elegidos por las comunidades autónomas y otros cinco por el Ministerio de Hacienda— está buscar fórmulas para poner coto a las grandes diferencias en la presión fiscal que sufren los españoles a la hora de recibir una herencia dependiendo de donde están empadronados. Heredar es más caro en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y el Principado de Asturias que en comunidades como Madrid o Canarias, que han utilizado su capacidad normativa para reducir la factura del impuesto de sucesiones y donaciones a la mayoría de los contribuyentes.
El director general de Tributos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Alberto García Valera, aseguró este viernes en Sevilla que este tributo cedido por el Estado genera «preocupación social» en Andalucía y otros territorios . Por ello confía en que el grupo de expertos emita «una propuesta coherente» para resolver las «amplias diferencias tributarias efectivas» entre las comunidades autónomas. Las conclusiones del comité de sabios encargado de examinar a fondo la financiación autonómica se darán a conocer el 10 de agosto y abordarán, entre otros aspectos, el desigual trato fiscal del impuesto de sucesiones.
García Valera hizo esta reflexión durante una conferencia, bajo el título de « Escenario económico y política tributaria », que impartió en el Club Antares de Sevilla, donde expresó su respeto por las competencias normativas de las comunidades autónomas. De hecho, recordó que corresponde a éstas la gestión del impuesto de sucesiones.
Se trata de un tributo «ancestral», que se remonta a la época romana . Fue el emperador Augusto quien impuso el cobro de una tasa destinada a sufragar los gastos del ejército. En la actualidad recauda 2.500 millones de euros en todo el Estado, de los cuales 400 millones proceden de las herencias de los residentes en Andalucía.
Con el fin de sacudirse la presión ciudadana en Andalucía, cada vez más beligerante con el agravio comparativo que sufren respecto a otros españoles, el Gobierno andaluz ha puesto la pelota en el tejado del Ejecutivo de Mariano Rajoy . La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, envió en marzo pasado una carta al ministro Cristóbal Montoro para pedirle que el Estado «se quede» con el impuesto de sucesiones y le compense con financiación para el sostenimiento de los servicios públicos en Andalucía.
Dentro de una ofensiva más amplia para justificar su gestión de este impuesto, la Administración autonómica lanzó una campaña de publicidad masiva y un simulador en Internet para convencer a los andaluces de que «el 98 por ciento parientes directos no pagan» el impuesto.
García Valera optó por la diplomacia para eludir la polémica y se mostró confiando en que los criterios que aporten los expertos contribuyan a « despreocupar a la sociedad » sobre esta figura tributaria.
En Andalucía surgió una plataforma, la Asociación Stop Impuesto Sucesiones, que ha presentado ante la sede del Parlamentouna petición, respaldada por 54.402 firmas, para que los grupos políticos promuevan actuaciones legislativas tendentes a reducir, bonificándolo al máximo, el impuesto de sucesiones y donaciones.
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