Andalucía

La guerra del agua del Condado de Huelva: 30 años de espera y miles de empleos en juego

Los agricultores del entorno de Doñana llevan más de un mes acampados en la última batalla por el cultivo de fresa en la zona

Regantes de Huelva se manifiestan ante la delegación del Gobierno en Sevilla
Regantes de Huelva se manifiestan ante la delegación del Gobierno en Sevilla - JUAN FLORES

Más de 30 años lleva abierta la guerra del agua en el Condado de Huelva. Una guerra que tiene como rehenes hasta 40.000 empleos y una industria que supone la el grueso de los ingresos de los hogares de la zona: la fresa y otros frutos rojos. Esta es una guerra con tres trincheras: en una, la Junta de Andalucía; en otra, el Gobierno central; en la tercera, los agricultores.

Este conflicto se remonta a los años 80, cuando los agricultores del entorno de Doñana -Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Almonte, Rociana del Condado-, vieron el potencial de cultivar fresa y fruto rojo. Producto de alto valor añadido, oro rojo que se producía en cantidad y calidad en la zona. Muchos arrancaron naranjos o la huerta de los abuelos y se lanzaron a este negocio. Pero tirando del agua del acuífero de Doñana, Parque Nacional, joya de la corona medioambiental de Andalucía y enclave que desde Europa miran con lupa por si resulta afectado por la mano del hombre.

Los muchos agricultores (cada vez más) que se sumaron a este cultivo, cavaron pozos -unos ilegales, otros alegales, algunos con los papeles en regla- para regar. Pero el agua de Doñana tiene un límite. Y la Unión Europea ya pegó un tirón de orejas a España por «sobreexplotación de los acuíferos que abastecen de agua del Parque [...] y por el consiguiente deterioro de los hábitats y ecosistemas». Y, de hecho, mantiene abierto un expediente sancionador contra el país por esto.

Pero, volviendo atrás en el tiempo, muchos agricultores recuerdan cómo a primeros de los años 90, ya se pidió a la Junta el agua de superficie que necesitaban sus campos. «Este asunto no es nuevo, llevamos mucho reclamando. Pero los políticos solo le dan patadas para adelante al problema. Una patada, otra, otra... y creen que ya vendrá alguien que lo solucione», se queja uno de los agricultores de la zona, Antonio Tirado.

Tirado reconoce que hay problemas, pero «los agricultores somos los primeros que queremos que se arreglen. Preferimos agua de superficie, que es más barata, de más calidad y además no es ilegal».

En el término «de superficie» está la clave de todo este asunto. Hasta el año pasado, el 100% de los que cultivaban en la zona del Condado usaban agua del acuífero que nutre Doñana. Pozos. Desde el 2016, muchos pueden regar con el agua del trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos aprobado por el Gobierno central. Tuberías. De esta forma no se afecta al acuífero del parque natural.

Pero no todos los agricultores pueden regar con ese agua y, por lo tanto, no todos han cerrado los pozos que esquilman Doñana. «Yo estoy afectado por la declaración de impacto ambiental de la Junta», explica Romualdo Macías, que explota unas cinco hectáreas en el área de Condado de Huelva. «Eso significa que no tengo derecho a agua. Aunque lo tengo recurrido, si no se soluciona, tendré que tirar de los pozos». El delegado de la Junta en Huelva, Francisco José Romero cree que, «en princpio, puede haber reubicaciones» de los agricultores que se queden fuera de la ley.

Lo curioso de esta guerra es que, en realidad, todos los bandos tienen un punto en común: ninguno quiere usar el agua del acuífero. La Junta y el Gobierno, por la amenaza de la multa de Europa; los agricultores, porque, dicen, «es más cara y de menos calidad».

Encierro y marcha

«Por ahora hemos sido pacíficos», advierten los agricultores del Condado. «Pero si esto no se arregla, no sabemos lo que va a pasar». Macías es claro: «Si me cierran la finca, ¿Dónde voy? ¿Quién paga los préstamos, las inversiones? ¿Quién le da de comer a mi familia?»

Por lo pronto, los afectados por la falta de agua de superficie llevan más de un mes acampados frente a la delegación de la consejería de Medio Ambiente en Huelva y han convocado una manifestación para el día 14 de junio. Pero no descartan más medidas. «Vivimos de esto y cada vez tenemos una agricultura más ecológica», defiende Cristóbal Picón, presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado. Sensores de humedad, riego a demanda, cultivos hidropónicos... El sector innova, aseguran, para gastar el mínimo de agua.

Desde la Junta de Andalucía responden con la Ley en la mano. Según fuentes de la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, no se puede llevar agua a las tierras que quedan fuera de la legalidad. Los regantes responden: la legalidad la marcaron ellos sin consultarles ni pedirles opinión. «Aquí hay 40.000 puestos de trabajo que dependen del agua que llegue. Y en la provincia hay agua», insisten los agricultores. «Y los pantanos están llenos en Huelva», añaden.

El tablero de ajedrez de esta guerra de 30 años queda como sigue: los agricultores, enrocados en que o llega agua o la zona se ahoga en la miseria. La Junta de Andalucía, enrocada en que «las hectáreas que no cumplan la ley se quedan fuera del plan de regadíos». Y el Gobierno central, en que ellos, después de 30 años, son los únicos que han puesto agua de superficie a disposición de los regantes del entorno de Doñana. Y, para rematar, de fondo la Unión Europea y su amenaza de multa si no se alivia la presión sobre el acuífero. Si Europa no rompe antes la baraja, quedan aún años de batallas en esta guerra eterna por el agua.

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