Francisco Javier Guerrero, en el juicio del caso ERE en la Audiencia Provincial de Sevilla
Francisco Javier Guerrero, en el juicio del caso ERE en la Audiencia Provincial de Sevilla - EFE
CASO ERE ANDALUCÍA

Guerrero se defiende: «No me voy a comer ningún marrón en el caso ERE de Andalucía»

El principal imputado y exdirector de trabajo argumenta que las ayudas eran legales y justifica a ABC su táctica de defensa

SEVILLAActualizado:

Francisco Javier Guerrero no está dispuesto de ninguna manera a convertirse en el cabeza de turco para cargar con todo el peso del fraude de los ERE. «No me voy a comer solo ningún marrón», comentó ayer a ABC al ser preguntado a qué obedecía el repentino cambio operado en su estrategia de defensa ante el tribunal que lo enjuicia a él y a otros 21 ex altos cargos autonómicos, entre ellos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Quien fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía entre 1999 y 2008, con tres consejeros de Empleo diferentes, ha pasado de apuntar hacia la cúpula del Gobierno andaluz a retractarse de manifestaciones que realizó durante los siete años de instrucción del caso porque, asegura, había declarado bajo una «presión tremenda mediática y policial».

Guerrero, que se enfrenta a ocho años de cárcel y treinta de inhabilitación, defendió, a preguntas de este periódico, la gestión de las subvenciones sociolaborales y a empresas que lo ha sentado en el banquillo. Explicó que son «legales» porque se concedieron «con arreglo a la orden del Ministerio de Trabajo de abril de 1995», el «marco legal» con el que se dieron ayudas para pólizas de prejubilación en otras comunidades autónomas.

«Nunca fui consciente de que le hubiera dado una ayuda a alguien que no cumpliera los requisitos. Incluida mi suegra. Tenía el mismo derecho»

El ex alto cargo avanzó que éste será uno de los argumentos que va a esgrimir hoy en el juicio para responder a las preguntas que le formule su letrado, Fernando de Pablo, el único al que va a contestar tras acogerse a su derecho a no declarar.

Como hizo el día anterior, Guerrero se negó el pasado martes a ratificar sus afirmaciones a la anterior instructora del caso, Mercedes Alaya, realizadas el 9 de marzo de 2012. En la lectura de las mismas por parte del secretario del tribunal salió a relucir uno de los episodios más sórdidos que forman parte del voluminoso sumario del caso ERE.

La magistrada le preguntó si era cierto, como había revelado su antiguo chófer, Juan Francisco Trujillo, que ambos consumían «a diario» alcohol y cocaína que éste pagaba con el dinero de las subvenciones concedidas por el propio Guerrero a dos empresas de su conductor con cargo a la partida de los ERE.

«Me consta que ha desaparecido documentación y no es responsabilidad mía. Hay expedientes incompletos. Algunos sí estan y otros han sido expurgados»

El exdirector de Trabajo, que no pudo reprimir alguna sonrisa cuando escuchó la lectura de estas declaraciones, aseguró entonces que «no le ha cogido un duro a nadie en su vida y menos a este señor», al que trataba «mejor que a un hijo». Confirmó que «cuando acababa las reuniones con los sindicatos, con empresarios, sobre las siete de la tarde, acudía a algunos de los locales con estas personas para tomar alguna copa».

Pero Guerrero quiso dejar claro que no es alcohólico ni cocainómano pues no sabe ni dónde se compra la droga y «lo único que le gusta es el Marlboro y también una copa de gin-tonic con Beefeater que se toma de postre». Guerrero reprochó a Trujillo que actuara con ánimo de «revancha» y dijo que no sabía que su conductor estaba «detrás» de las empresas fantasma a las que otorgó 900.000 euros en ayudas para el empleo. Tener que escuchar estos episodios indignó a algunos de los acusados y abogados presentes en la sala.

Una «misión política»

La vista continuó con la proyección a través de las tres pantallas de plasma de la comparecencia del exdirector de Trabajo a petición propia ante la magistrada María Núñez Bolaños, que sustituyó a Alaya al frente del juzgado de las macrocausas de corrupción que afectan al Ejecutivo andaluz.

Hasta mañana no se sabrá si ratifica o no estas declaraciones del 21 de octubre de 2015, en las que Guerrero volvió a presentarse como una pieza más en el mecano de los ERE para cumplir una «misión política que no se puede olvidar nunca». «Había un mandato y un procedimiento al que me ceñí siempre [...] Cuando uno está en una estructura y un superior mandata una función, le haces caso o te vas a tu casa», afirmó a preguntas del fiscal en 2015.

A diferencia de las anteriores declaraciones, el hombre que firmaba los convenios con las empresas para dar las ayudas hizo notar que el sistema de concesión de ayudas era «el mismo» que operaba a nivel estatal. Sin embargo, durante el interrogatorio incurrió en algunas contradicciones al asegurar que en el ERE empresa Valeo la Junta «pagó su parte por el convenio y el Ministerio por la orden».

Con su declaración a iniciativa propia, el ex director general de Trabajo dejó claro que en una organización tan compleja como la Junta de Andalucía nadie puede manejar 647 millones de euros durante casi nueve años sin que hubiera una orden de arriba.

Así recordó que tras un informe de la Intervención de la Junta en 2005 que cuestionaba el procedimiento, acudió a una reunión en presencia del exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá; la exviceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; el exinterventor de la Junta Manuel Gómez y el exdirector general de Presupuestos, Antonio Vicente Lozano —todos ellos procesados—, en el que Aguayo le dijo que siguiera con el mismo procedimiento.

«No le pareció mal a nadie», insistió Guerrero, que confesó que «intentamos ayudar a todo aquel que vino pidiendo ayuda». Pero, a preguntas del fiscal, admitió que algunos se enteraban de que existía esta partida y otros no, puesto que éstas no se publicaban.