Viera dentro de la sala de la Audiencia de Sevilla
Viera dentro de la sala de la Audiencia de Sevilla - EFE
CASO ERE EN ANDALUCÍA

Guerrero justifica los «intrusos» de los ERE porque eran «personas privadas del derecho al empleo»

El ex consejero de Empleo José Antonio Viera alega pérdida de memoria

SEVILLAActualizado:

El proteccionismo de un torrente de ayudas públicas para amortiguar el drama del paro en Andalucía ha sido el principal argumento esgrimido por los primeros ex altos cargos acusados que han declarado en el juicio para justificar el fondo de los ERE. Un sistema de subvenciones «arbitrario» y «sin control» —según el juez instructor— que comprometió más de 855 millones de euros entre 2000 y 2010 y que ha llevado al banquillo a 22 ex responsables autonómicos, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Con palabras diferentes, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y uno de sus antiguos jefes, el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, expresaron lo mismo. El primero, que respondió sólo a las preguntas de su letrado, trató incluso de desmontar dos de los axiomas del escándalo de los ERE: la existencia de intrusos (personas que cobraron por ayudas públicas por prejubilarse en empresas donde nunca habían trabajado) y el «fondo de reptiles», «expresión coloquial desafortunada» que «utilicé» al declarar ante la Policía, según admitió en una entrevista en ABC en octubre de 2015.

«Los intrusos no son intrusos sino personas que tenían privado el derecho al trabajo y reunían los requisitos como los 20 ó 30 trabajadores que habían salido de la empresa» que daba nombre a la póliza y a los que «no hemos hecho ricos», puntualizó Guerrero. El hombre que firmaba los convenios con los comités de empresa para que otra agencia de la Junta, IFA/IDEA, pagara las ayudas, justificó las subvenciones para frenar la sangría laboral derivada de «una época convulsa con un montón de problemas sociolaborales tremendos» como las amenazas de cierre de Altadis en Sevilla y Cádiz o Santana en Jaén.

Respecto al «fondo de reptiles» dijo ahora que «nunca salió de su boca» y que «se ha tergiversado» para «pensar que teníamos fondos reservados» cuando «no es cierto».

No tira de la manta

Guerrero no sólo no tiró de la manta sino que con ella no dejó a nadie al descubierto. Defendió la «honestidad» de los gobiernos autonómicos y de Viera dijo que «como cualquier consejero nunca me impuso nada». También ratificó su declaración a petición propia ante la juez María Núñez Bolaños el pasado 21 de octubre de 2015 con una salvedad. Había incluido por error al exdirector de Presupuesto Antonio Lozano en una reunión donde le dijeron que siguiera con el mismo sistema de reparto de ayudas en 2005. «Visto al señor Lozano en la sala, me equivocaba de persona», pretextó.

Su jefe en la Consejería apeló a la desmemoria para no responder a preguntas concretas del fiscal Manuel Fernández Guerra sobre ayudas. Hasta una quincena de veces repitió la frase «no recuerdo». «No sé si le puede resultar chocante, señor fiscal, pero 14 años son muchos años —dejó la Consejería de Empleo en abril de 2004—, se justificó José Antonio Viera cuando le preguntaron por el aumento del crédito a la fundación Promi. Tampoco recordaba que con cargo a la partida de los ERE se pagó una campaña publicitaria del Servicio Andaluz de Empleo ni que «tuviésemos una situación de tesorería [en la agencia IFA] lo suficientemente grave —por comprometer más dinero del disponible— para que me informaran».

Viera Justificó el convenio marco de julio de 2001 firmado por él que institucionalizó las ayudas

El olvido y la delegación de competencias en sus subordinados y los técnicos que tramitaban los expedientes funcionaron como escudo para defenderse. Justificó el convenio marco de julio de 2001 firmado por él que institucionalizó las ayudas sociolaborales porque tenía «apariencia de legalidad» y era una herramienta «rápida y ágil» pera dar ayudas. El sentimiento proteccionista, de nuevo como coartada. El objetivo principal de las mismas era «resolver los dramas personales» provocados por el cierre de empresas. «No puedo aceptar que se plantee que un consejero de la Junta esté organizando para saltarse los controles de los interventores y cometer fraude, no me entra en la cabeza», proclamó.

Viera reconoció que, tras dejar la Consejería, se reunió con el ex director general de Trabajo Juan Márquez en una sede del PSOE para pedir información sobre dos expedientes relativos a ayudas a una empresa del sector del corcho y a un hotel en la Sierra Norte, La Posada del Moro, donde, según Guerrero, solía almorzar. También afirmó que es «cero» el grado de conocimiento que tiene sobre los empresarios y exconcejales deEl Pedroso (Sevilla), José Enrique Rosendo y José María Sayago, que recibieron 32 millones de euros en ayudas. Una de sus hijas trabajaba en una de esas empresas.

«El Parlamento lo sabía»

La vista oral continuó por la tarde con la declaración del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que insistió una y otra vez en que los parlamentarios andaluces «sabían perfectamente» el sistema por el que la Junta daba las ayudas investigadas en el caso ERE y que se pagaban «con primas de póliza» porque no se le ocurrió otra forma de subvencionar prejubilaciones, según recoge Efe.

Barberá, que se enfrenta a ocho años de cárcel por prevaricación y malversación, defendió que las ayudas perseguían paliar conflictos laborales por los cierres de empresas si bien durante el interrogatorio del fiscal, que se prolongó durante tres horas, recalcó en que su concesión y gestión recaía en la Dirección General de Trabajo.