Antonio Diz-Lois en su declaración ante el tribunal de los ERE el lunes 21 de mayo
Antonio Diz-Lois en su declaración ante el tribunal de los ERE el lunes 21 de mayo - EFE
CASO ERE EN ANDALUCÍA

Intervención «nunca» pidió parar los pagos de las ayudas de los ERE

Antonio Diz-Lois, exdirector financiero de IDEA, declaró que siempre se pagó cuando Empleo enviaba el dinero

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El director financiero de IDEA entre 2008 y 2010 Antonio Diz-Lois declaró ayer que la Intervención «nunca pidió que se suspendieran los pagos» que hacía esta agencia pública de las ayudas que daba la Consejería de Empleo investigadas en el caso ERE y que nunca se pagó sin que Empleo enviara el dinero. Diz-Lois declaró como testigo en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta —entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán—, acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un «procedimiento específico» con el que, según la Fiscalía, durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control.

Ese «procedimiento específico» se creó en 2001 mediante la firma de un convenio entre la Consejería de Empleo —cuya Dirección General de Trabajo concedía las ayudas— y el ente público IFA (luego IDEA) para que éste las pagara con fondos que Empleo le enviaba mediante transferencias de financiación, según las acusaciones para eludir la fiscalización previa. Diz-Lois —que estuvo investigado en esta causa aunque el juez que cerró la instrucción no vio indicios de delito para enjuiciarle— declaró ayer que en la agencia IDEA «nunca» tuvieron «ninguna duda» de que las ayudas se estuvieran fiscalizando correctamente en Empleo y de que «todo se hacía legalmente, si no, no hubiéramos pagado». Asimismo explicó que para materializar el pago de cada ayuda, se suscribían convenios particulares entre Empleo e IDEA que «pasaban por la asesoría jurídica» de la agencia pública que «jamás» alertó de ilegalidad, si bien realizaban un «control formal», ya que los expedientes para la concesión de las ayudas estaban en la Consejería de Empleo y en IDEA no tenían acceso a ellos y por tanto al sistema usado para darlas.

Sin tacha de ilegalidad

No obstante, insistió en que «nunca hubo tacha de ilegalidad» y en concreto la Intervención «nunca pidió que se suspendieran los pagos y añadió que las recomendaciones o avisos que hacían los interventores eran cuestiones que debía corregir la Consejería de Empleo. También dependía de la Consejería resolver el desfase presupuestario que los auditores de las cuentas de IDEA señalaron, porque los convenios suscritos suponían asumir compromisos de pago por encima del dinero que Empleo tenían presupuestado para estas ayudas en cada ejercicio, que no afectaba a la situación patrimonial de la agencia porque esta «sólo pagaba cuando recibía los fondos».