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Andalucía
El exinterventor general del Gobierno andaluz, Manuel Gómez - EFE
CASO ERE ANDALUCÍA

El ex interventor de la Junta de Andalucía confirma el mecanismo inadecuado para pagar las ayudas de los ERE

Manuel Gómez declara ante el tribunal que «no tiene sentido» enviar a los consejeros sus informes con advertencias contra el procedimiento

SEVILLAActualizado:

Quien fuera interventor de la Junta de la Andalucía entre 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, ha declarado este miércoles en el juicio de la pieza política del caso ERE que, según su opinión personal actual, «no tiene mucho sentido» dirigir a los consejeros los informes de control financiero como los que alertaron de irregularidades administrativas en el procedimiento de las ayudas sociolaborales bajo sospecha.

Tales informes, que fiscalizaban a la agencia pública que pagaba las ayudas, IFA/IDEA, cayeron en saco roto, puesto que el sistema no se modificó en diez años. Los documentos del interventor fueron remitidos, porque así lo decidía el Gobierno, al consejero de Empleo, porque era el órgano que concedía las ayudas; al de Innovación, Francisco Vallejo Serrano, al que estaba adscrita la agencia pagadora desde 2004 a 2009, y al consejero de Hacienda, que entonces era José Antonio Griñán, que se convirtió en presidente de la Junta en 2009.

En su declaración en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por el sistema de ayudas supuestamente fraudulentas, a preguntas del fiscal Manuel Fernández Guerra, el exinterventor de la Administración autonómica, asegura que no se planteó en su momento cambiar a los destinatarios de dichos informes.

Gómez Martínez, para el que la Fiscalía pide seis años de prisión por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, ha confirmado que se hizo un uso «inadecuado» de las transferencias de financiación, el mecanismo empleado por la Junta de Andalucía para pagar las ayudas. Para ello, la Consejería de Empleo concedía las ayudas pero quien las abonaba era una agencia externa de la Junta, lo que impedía que hubiera fiscalización previa.

El interventor hasta 2010 también ha manifestado que la utilización de este instrumento no establecía la fiscalización previa de las ayudas, sino que el control se realizaba a posteriori. Las transferencias de financiación, según la normativa, deben destinarse a pérdidas de explotación del ente instrumental pero no a pagar subvenciones, como se hizo en el caso de las pólizas de prejubilación financiadas por la Junta.

En este sentido, ha recordado que en el año 2009 la Junta realizaba de forma inadecuada el 47 por ciento de las transferencias de financiación que utilizaba la Junta debido a la «ambigüedad» de esta figura contable. Era algo frecuente, dijo.

El alto funcionario de la Junta ha cuestionado el informe pericial encargado por la anterior instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, a expertos de la Administración General del Estado. En dicha prueba pericial se advierte que no encuentra el informe del interventor general en expedientes de modificaciones presupuestarias propuestas por el consejero de Hacienda. Gómez señala que «no lo encuentran porque no existe» dado que dicho informe no es preceptivo. «Eso es una cosa básica», apostilló.

El ex interventor de la Junta ha indicado que «era el Consejo de Gobierno el que decidía a qué se iba a dedicar la Intervención» en cada ejercicio y el que determinaba qué entidades instrumentales de la Junta, como es el caso de IFA/IDEA, «iban a ser sometidas» al control financiero permanente que ejercía la Intervención de la Junta.

En el interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción, Gómez ha explicado que «cuando hay una norma reguladora no se pueden dar subvenciones excepcionales» pero que este asunto está «sujeto a controversia».

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