Imagen de archivo de María Núñez Bolaños
Imagen de archivo de María Núñez Bolaños - J. M. SERRANO

La juez Núñez desoye el riesgo de «impunidad» en el caso ERE y sigue desimputando a ex altos cargos

La juez instructora aparta a un exdirector de Trabajo que no va a ser juzgado en la pieza política

SEVILLAActualizado:

La juez instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños continúa apartando a ex altos cargos de piezas separadas de esta macrocausa penal después de que la Fiscalía Anticorrupción alertara de que las desimputaciones masivas podrían generar «un intolerable espacio de impunidad» ante el supuesto fraude de las ayudas. Por medio de sendos autos, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado excluir de piezas que investigan ayudas individuales de los ERE al exdirector de Trabajo de la Junta Juan Márquez en una investigación sobre ayudas concedidas a sociedades de los exediles socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago. De la misma forma, tras solicitar su archivo el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exconsejero Antonio Fernández y el exdirector general de la agencia pública IDEA Jacinto Cañete, la juez accede a su petición y los deja fuera de una investigación abierta por el préstamo irregular de 384.841 euros concedido a EDM Séneca S.A.

Dichas resoluciones están firmadas días después de que el Ministerio Público empezara a pedir en todas las piezas que volviera a imputar a los acusados de la pieza política que ha ido excluyendo de otras diligencias. Los fiscales advierten que el tribunal —que juzga, entre otros a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán— «ha establecido claramente» que se está enjuiciando el sistema o «procedimiento específico». Por tanto, no se juzga «la intervención» que los acusados «pudieran haber tenido en la concesión y pago de las ayudas individuales». Desde el punto de vista de la Fiscalía, son procesos que pueden enjuiciarse por separado porque los delitos son distintos.

Una providencia

La magistrada despachó esta controversia con una providencia enviada a las partes el pasado miércoles, según el registro de notificación de Lexnet. En ella afirma, en referencia al escrito presentado por los fiscales el 19 de febrero, que «se tienen por realizadas las manifestaciones que en el mismo constan, debiendo estar a lo acordado en auto 20 de septiembre de 2017».

La juez apela a un auto del pasado julio dictado por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla que determina que la pieza política engloba todas las supuestas malversaciones por los pagos y ayudas concedidas, no sólo el sistema para repartir subvenciones ideado y mantenido durante más de una década en la Junta. De hecho, según Núñez este «afán globalizador» queda de manifiesto en el escrito de acusación del Ministerio Público que reclama a los acusados por malversación que abonen 741 millones por el quebranto causado a las arcas públicas con el reparto de dinero público.

Sin embargo, este criterio choca con otra resolución de la instructora que Anticorrupción ha recurrido ante la Audiencia. La juez desimputa al exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Ribera en una causa que investiga una ayuda pagada por este ex alto cargo a Cetro Aceitunas S.A. por importe de 215.220 euros a sabiendas de que no se tramitó expediente alguno para concederla, hecho reconocido por éste. La Fiscalía recuerda en su recurso que Ribera no está encausado en la pieza política y que el Tribunal de Cuentas le reclamó 3,2 millones en 2015 por un supuesto delito contable en los ERE bajo amenaza de embargo.