CASO ERE
El juez da de plazo hasta mediados de septiembre para que las partes acusen a Chaves y Griñán
Anticorrupción y el resto de acusaciones contarán con 45 días naturales para formular escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa
El juez de refuerzo Álvaro Martín ha dado de plazo hasta mediados de septiembre para que la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones presenten sus respectivos escritos de acusación contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargos procesados dentro de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE fraudulentos .
En una providencia fechada el día 28 de julio y notificada este viernes a las partes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado da cuenta de que ya ha recibido la documentación pendiente y da traslado al Ministerio Público y resto de partes personadas «a fin de que en el plazo común de 45 días naturales » formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
En el auto de procesamiento dictado el 31 de mayo, el instructor dejó en suspenso este plazo de 45 días en espera de que llegara al Juzgado distinta documental solicitada, como eran los complementos a las periciales de la Intervención General de la Administración del Estado, documental requerida a la Junta sobre el alquiler del pabellón de Italia y sobre el expediente disciplinario incoado a Juan Francisco Trujillo , exchófer de Guerrero, y sobre el informe reservado en relación a las subvenciones concedidas a las empresas de este último.
En un auto, el juez procesó a los expresidentes y a los exconsejeros José Antonio Viera , Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez , Gaspar Zarrías y Antonio Fernández , así como a los exviceconsejeros Agustín Barberá, Justo Mañas, Gonzalo Suárez, Jesús María Rodríguez , y José Salgueiro; a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y D aniel Alberto Rivera , y a los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez, Lourdes Medina y Javier Aguado.
También fueron procesados el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa ; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano; el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez; los ex directores generales de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, Antonio Valverde y Jacinto Cañete, y el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río .
Delito continuado de prevaricación
El instructor considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación , aunque este último delito no se lo imputa ni a Chaves, ni a Zarrías ni a Magdalena Álvarez.
Así, el juez atribuye la malversación a 18 de los imputados , entre ellos Griñán, Viera, Fernández, Martínez Aguayo y Vallejo. Con el anterior Código Penal, antes de la reforma del pasado año 2015, la pena de prisión prevista para la malversación es de cuatro a ocho años.
Asimismo, el juez decidió archivar la causa contra 24 de los ex altos cargos que permanecían imputados en esta pieza, la primera de la causa cuya instrucción se concluye, entre los que destacan los exconsejeros Manuel Recio, Martín Soler y Antonio Ávila, el expresidente de El Monte José María Bueno Lidón o el presidente de Unicaja, Braulio Medel, que formó parte del consejo rector de la agencia IDEA.
Según explica el juez, fue entre 2000 y 2011 cuando «se implantó y mantuvo desde el gobierno de la Junta y en el área de la Consejería de Empleo un procedimiento que, a través de distintas modalidades, ha venido en denominarse 'procedimiento específico', cuyo objeto era eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada pero no inferior a 854.838.243 euros».
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