La Junta exige a los maestros andaluces que demuestren que no han cometido delito sexual

Una Instrucción de la Consejería de Educación, al frente de la cual está Adelaida de la Calle, fechada el 20 de este mes de junio, establece que es obligatorio que todos los docentes que trabajan a diario con alumnos menores de edad acrediten no haber sido condenados por delitos sexuales o autoricen a la Administración a acceder al registro de delitos sexuales . El plazo es de diez días y la medida, que tiene como referencia una Ley Estatal de 1996, ha indignado a un sector del profesorado andaluz, que la califican de «insulto»,

«Es absurdo que parta de nosotros demostrar que en nuestra conducta nunca ha habido un elemento de estas características, algo que es como la violación de nuestra presunción de inocencia, y en un plazo de diez días», sostiene en declaraciones a ABC el vicepresidente del sindicato de profesores Piensa, Carlos Rodríguez Estacio, que ya acumula veinticinco años en la docencia.

Según Rodríguez Estacio, es difícil evitar pensar que se trata de una decisión que se toma «de cara a la galería, que pretende de una manera muy poco respetuosa poner fin a una lacra en un tema terrible y muy sensible, donde hay muchas personas afectadas».

Apuntó el dirigente de Piensa que «nos sentimos insultados» por el hecho de involucrar a todo el profesorado, y destacó que hubiera sido más lógico que no hiciera falta la autorización para comprobar que una persona pueda tener un comportamiento «no aceptable».

El malestar aumenta cuando se constata que la iniciativa de la Junta no afecta al resto de profesiones. Rodríguez Estacio ironiza en este punto y señala que sería «interesante pedir a los políticos que antes de ejercer un cargo público certifiquen que nunca han robado en su vida, a los médicos que no han agredido y a los jueces que nunca han delinquido». Si eso ocurriera, enfatiza el dirigente sindical, los profesionales de estos colectivos «se levantarían indignados».

Lamenta que la del docente sea una profesión «muy desacreditada, donde la demagogia hace especial daño. Y que de pronto seamos todos sospechosos de una conducta sexual delincuente, hasta que demostremos lo contrario o autoricemos que nos miren nuestro expediente. Es una manera de hacer las cosas de forma ineficaz y muy insultante desde el punto de vista profesional».

Rodríguez Estacio critica asimismo que la exigencia de la Consejería de Educación se produzca en pleno periodo de evaluación de los exámenes, «en el peor instante del curso», y aunque censura la medida su voluntad es cumpirla «porque como funcionario la tengo que acatar».

Pero en cualquier caso no se resiste a cuestionar una iniciativa que surge en plena campaña electoral, para dar la imagen de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, «no va a permitir que ningún niño vuelva a ser lesionado por los profesores».