Demolición esta semana de un chiringuito ilegal en Estepona
Demolición esta semana de un chiringuito ilegal en Estepona - SUR

La Junta, incapaz de atajar el limbo legal en el que viven los chiringuitos

Los empresarios de playas exigen un reglamento que unifique criterios ante las diferentes decisiones sobre sus proyectos en cada provincia

MÁLAGAActualizado:

«Al principio pensamos que el pase de competencias a la administración andaluza sería un acierto, pero lamentablemente el tiempo nos ha quitado la razón». Norberto del Castillo, presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, se duele de que que apenas nada haya mejorado para sus asociados más de seis años después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero vendiera la transferencia sobre la ordenación y gestión del litoral andaluz a la Junta como la gran panacea. Sobre todo, porque dicha decisión venía después de que los chiringuitos hubieran sido amenazados por un Ejecutivo socialista que llegó a plantear sacarlos de la arena de las playas, generando una gran controversia.

El sector ocupa a unas 40.000 personas en Andalucía

Desde entonces, y pese a que el año pasado llegaron a plantearse un cierre patronal en Semana Santa, las cosas han avanzado poco. Extinguidas entre 2003 y 2007 buena parte de las concesiones con que contaban estos establecimientos, las administraciones implicadas —Costas se reservó la última palabra en aquella transferencia de competencias— no son capaces de sacar adelante las peticiones que en masa se han ido presentando en este tiempo para continuar con la actividad durante otros quince años prorrogables a 30. «Cuando participa tanta gente en la toma de decisiones lo cierto es que se avanza poco», resume DelCastillo. De tal manera que aproximadamente la mitad de los en torno a 900 chiringuitos andaluces, según los datos de laFederación, se prorrogan de año en año. Así, ante esa inseguridad jurídica, que en la provincia de Málaga es donde afecta a un número mayor de concesiones, resulta imposible que los empresarios puedan plantearse acometer mejoras en unas instalaciones que en muchos casos las requieren a voz en grito. Y ha de tenerse en cuenta que nos encontramos ante un sector que, al margen de su simbolismo para la principal industria de la comunidad, emplea a unas 40.000 personas cada año y genera un movimiento ecónomico más que notable precisamente cuando más crece el turismo y se incrementa el gasto de los visitantes.

Pero no se trata sólo de la imposibilidad de resolver el asunto de la prórroga de las concesiones. El diferente criterio que se está aplicando a la hora de paralizar nuevos proyectos y autorizar otros, aseguran los empresarios, también les está generando una notable incertidumbre. Es el caso de las dispares decisiones de los establecimientos de hormigón en la costa onubense.

Pero también sucede en otras provincias.Así, en el litoral marbellí, informa J.J. Madueño, se está edificando actualmente un club de playa que ha sido bautizado por los vecinos como «el Algarrobico de Marbella» por la cercanía que tiene al mar y, sobre todo, por las enormes dimensiones, el hormigonado y la ocupación que prevén haga de la arena y el paseo marítimo cuando esté terminado

Lo más curioso de este caso es que este proyecto, que cuenta con el beneplácito de la Junta, viene a sustituir al «Malika», establecimiento demolido el año pasado por estar al lado del cauce de un arroyo. Pero los propietarios rusos que se han quedado con su explotación a partir de ahora sí cuentan con las bendiciones administrativas tanto de la Junta como del Ayuntamiento. Peor suerte ha tenido el chiringuito «La Antigua» de Estepona, con el que ha podido la piqueta esta misma semana después de que un juzgado malagueño ordenara su demolición por invadir una zona de servidumbre.

Guía uniforme

«Cada delegación provincial ve las cosas de distinta manera, y luego sus decisiones tienen que ir a Madrid», se queja Norberto del Castillo. Tras uno de los plantes de los chiringuiteros, la propia Susana Díaz se presentó en Málaga para prometerles que, con el afán de agilizar las decisiones, serían las delegaciones territoriales las que en cada provincia determinarían.Pero por el momento no hay mayor celeridad y, lo que es peor, sí disparidad de criterios. Algunos ayuntamientos, también, tratan de incidir en el proceso. Así ha ocurrido con el de Fuengirola, que ha tenido un conato de enfrentamiento con los empresarios que está en vías de solución tras demandarles una mejora en sus servicios y en su apariencia que los haga «acordes con la imagen de la ciudad».

Es por ello que los empresarios han exigido al Gobierno andaluz «una guía» que les permita contar con una seguridad sobre cómo se debe interpretar, de manera uniforme, el reglamento sobre este tipo de establecimientos que elGobierno central aprobó en 2014.

De momento, los resultados no han sido demasiado halagüeños. El primer borrador que les ha presentado la administración regional los ha descolocado. Según relata el presidente de los empresarios, la Junta se ha descolgado con que primará las instalaciones de carácter desmontable que estén operativas únicamente en los meses estivales. «Pero luego viene la Consejería de Turismo y nos dice que uno de los principales problemas contra los que tenemos que luchar es la estacionalidad», ironiza Del Castillo.

Así se lo hizo saber al consejero Francisco Javier Fernández en su última visita a Málaga, arrancando entonces el compromiso de mantener una inminente reunión con sus homólogos de Medio Ambiente y también el recién nombrado de Empleo, el malagueño Javier Carnero.«Porque si quieren que trabajemos sólo tres meses, contrataremos sólo para tres meses, y creo que eso no es precisamente lo que necesita Andalucía», concluye Del Casillo.