Los cursos de formación hubo que paralizarlos en Andalucía durante cinco años
Los cursos de formación hubo que paralizarlos en Andalucía durante cinco años - VALERIO MERINO
CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN

La Junta tiene en sus cuentas 2.324 millones sin justificar

Más de 710 millones corresponden al programa de formación para el empleo, en su mayoría ayudas que están financiadas con fondos europeos

SEVILLAActualizado:

El fraude detectado en abril de 2014 en las subvenciones para cursos de formación sigue pesando como una losa en las cuentas de la Administración autonómica. La prueba es que la propia Junta de Andalucía admite en su cuenta general de 2016, consultada por ABC, que todavía tiene 2.324,26 millones de euros pendientes de justificar a pesar de que ya había caducado el plazo legal para hacerlo. La altísima cifra de fondos sin justificar se arrastra desde 1987 hasta el 31 de diciembre de 2016, es decir, de casi 30 años anteriores. En la mayoría de los casos, se trata de subvenciones que se anticiparon a diversas entidades pero, en unos casos, éstas no presentaron las facturas para acreditar el gasto realizado y el dinero no ha sido devuelto, mientras que en otras ocasiones la responsabilidad es de la Junta, que repartió durante años más dinero público del que era capaz de controlar. Tales ayudas estaban cofinanciadas con el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), cuya finalidad es ayudar al desarrollo económico de las regiones deprimidas de la Unión Europea.

Como consecuencia de la falta de comprobación de los expedientes se generó un atasco burocrático que obligó al Gobierno andaluz a paralizar durante cinco años los cursos de formación en una de las autonomías con más paro de España.

Con todo, la Memoria de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma destaca, como dato positivo, que en un año se ha recortado en mil millones de euros el dinero pendiente de justificar, dado que esta cuantía ascendía a 3.385,8 millones en 2015.

Sin embargo, el agujero sigue siendo profundo. De los 2.204,6 millones de euros que sumaban los libramientos [nombre técnico de estos gastos] que no se justificaron en el plazo legal hasta el 31 de diciembre de 2016, casi la mitad (48,92 por ciento) pertenecen a abonos realizados por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. El resto, hasta completar el importe total de 2.324,26 millones de euros, corresponde al dinero gastado sin justificar por las agencias e institutos autonómicos.

Atasco de la formación

La Consejería de Empleo acumula desde hace años e incluso décadas gastos pendientes de justificar que suman 987,28 millones de euros. De esta cuantía, 710 millones son pagos realizados desde 2007 hasta 2014 que se han endosado al programa presupuestario 32D, con el que se abonaban las subvenciones de Formación para el Empleo.

La «bola» de los fondos sin justificar apenas ha menguado casi cuatro años después de que la juez Mercedes Alaya empezara a investigar la concesión de los fondos de la formación para desempleados. En un auto de abril de 2014, la entonces instructora del caso —que luego heredó y archivó la juez María Núñez Bolaños— acusó al Gobierno autonómico de otorgar 950 millones en subvenciones para cursos entre 2008 y 2011 que permanecían «sin justificar» en octubre de 2013, según reveló un atestado de la Guardia Civil.

La excepción legal acabó convirtiéndose en la regla en la Junta porque los funcionarios no daba abasto

Para desatascar la formación profesional, el actual consejero de Empleo, Javier Carnero, ha vuelto a recurrir a una figura que Alaya cuestionó: las llamadas «exceptuaciones» o «exoneraciones» masivas. La excepción legal acabó convirtiéndose en la regla en la Junta porque los funcionarios no daba abasto para revisar las ayudas y resolver los expedientes.

Como el problema persiste, el actual Gobierno de Susana Díaz ha utilizado de nuevo esta figura para permitir que ayuntamientos y entes municipales puedan volver a cobrar subvenciones para cursos de formación profesional para el empleo aunque no hayan justificado ayudas anteriores.

El gráfico que muestra la evolución de los pagos pendientes de justificar en la Junta de Andalucía muestra un gran salto cuantitativo a partir del ejercicio de 2007. Hasta entonces estos gastos estaban bajo control e incluso habían decrecido año a año desde 1987. La cuenta general de 2006 contabilizó 7,93 millones de euros en pagos pendientes de comprobar. Un año después, se desbocó hasta los 109,65 millones. En 2008 llegó a 239,56 millones, pero el récord de fondos sin justificar se batió en 2012, cuando ascendieron a 296,86 millones de euros.

¿Qué sucedió a partir de 2007 para que se produjera este crecimiento exponencial? Andalucía empezó a recibir dinero a espuertas de la Unión Europea. El Programa Operativo del Fondo Social Europeo para el período 2007-2013 asignó a esta comunidad autónoma un total de 1.599 millones de euros, el 37,2% del total de los fondos que desde Bruselas llegaron a España. Europa inyectó cantidades multimillonarias en las políticas activas de empleo activas de empleo de la región «Objetivo 1», porque su renta era inferior al 75% de la media europea.