CASO ERE ANDALUCÍA

Manuel Chaves, en el juicio del caso ERE por sus ayudas para mantener la «paz social» en Andalucía

El expresidente andaluz, que declara hoy ante el tribunal, vinculó los fondos a los acuerdos con la patronal y sindicatos para apaciguar conflictos

SEVILLAActualizado:

Las ayudas para financiar pólizas de prejubilación a trabajadores afectados por ERE tenían un objetivo político: el «mantenimiento de la paz social». Este propósito figuraba, con estas mismas palabras, en el convenio firmado el 17 de julio de 2001 que puso en marcha el mecanismo de pago que ha llevado al banquillo a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

Con un documento de tres páginas, el Gobierno andaluz implantó un mecanismo, un atajo al margen de los procedimientos reglados —«carente de las elementales exigencias de publicidad y control», según el auto de procesamiento—, que le permitió resolver de forma ágil, a costa del dinero público, los conflictos laborales que amenazaban su larga hegemonía institucional.

Chaves, que era presidente cuando se instauró este sistema, se subirá hoy al estrado de la sala de vistas para declarar ante el tribunal en la pieza política del caso ERE. El jefe de Gobierno más longevo que ha tenido la Autonomía (1990-2009) comparecerá justo después de Griñán, que lo relevó en el cargo. La Fiscalía pide para el exdirigente de 72 años diez años de inhabilitación en el proceso que puso fin a su dilatada carrera política y a su militancia en el PSOE.

Chaves echó balones fuera cuando el juez del Supremo le preguntó por el procedimiento de ayudas: «Soy el presidente de la Junta de Andalucía pero no lo conocí»

El mecanismo de reparto de fondos públicos, que ha comprometido 855 millones de euros de los presupuestos autonómicos desde 2000 hasta 2011, constituyó un eficaz lubricante para engrasar la maquinaria electoral del PSOE andaluz. Era la argamasa que tapaba las grietas del desmantelamiento de industrias a principios de la pasada década. El fondo de los ERE funcionó también como un bálsamo que apaciguaba el desorden social y un colchón que amortiguaba la pérdida de millones de puestos de trabajo.

Esta atmósfera de conflictividad la conoció y sufrió Chaves. «Se manifestaban debajo de mi balcón o cuando iba a una acto público los tenía allí delante, manifestándose sobre sus problemas y yo para mal o para bien, tenía que hacer lo que hice», se justificó ante el juez instructor del Tribunal Supremo en abril de 2015, que lo había citado como imputado. Entonces era diputado en el Congreso por Cádiz.

«Yo no lo conocí»

El expresidente, acusado de un supuesto delito de prevaricación, alegó que su conocimiento sobre el procedimiento era superficial y nunca supo cómo funcionaba el engranaje interno: «Yo no conocí ni pude conocer el procedimiento habitual de pago de las ayudas sociolaborales, ni lo que hacía ni lo que decidió el director general». «Soy el presidente de la Junta de Andalucía pero yo no lo conocí», insistió.

Las ayudas para prejubilaciones y empresas en crisis figuraban en el programa político del Gobierno socialista y en los acuerdos de concertación social que el presidente firmaba con la Confederación de Empresarios de Andalucía y las federaciones regionales de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Manuel Chaves se inventó esta fórmula de diálogo social que proporcionó al PSOE un largo periodo de estabilidad política entre 1996 y 2009 que las crónicas periodísticas bautizaron como la «pax chaviana».

Mediante los siete acuerdos de concertación suscritos desde 1993 —a sólo tres semanas de unas elecciones— hasta 2009 se facilitaba a la patronal y a las organizaciones de trabajadores el acceso preferente a subvenciones excepcionales destinadas a reactivar la economía y a combatir el desempleo. Para hacerse una idea de su envergadura, el único pacto suscrito por Griñán en 2009 movilizó 19.825 millones de euros, pero nunca se publicó un balance para evaluar su impacto social, más allá de financiar las redes corporativas de los sindictos y la patronal.

Hoy, 18 años después de que la Junta comenzara a dar ayudas a empresas en crisis, Andalucía sigue siendo la cuarta región europea más castigada por el paro

El procedimiento que se enjuicia formaba parte de la esencia misma de la maquinaria institucional. En este contexto enmarcó las ayudas Manuel Chaves cuando el juez Alberto Jorge Barreiro le preguntó por el método de reparto: «En Andalucía ha habido siete acuerdos de concertación. El diálogo social era uno de los ejes clave de la política del gobierno porque figuraba en el programa. Ahí es donde están las fuentes de las políticas sociolaborales, de las políticas de Empleo. Porque en esos años estábamos atravesando una crisis». Pintó un escenario de emergencia social. «Estaban cerrando empresas emblemáticas como Delphi, Astilleros, Santana o la Franja Pirítica de Huelva y teníamos que articular una política», relató.

Pese a los millones gastados, el fondo de los ERE no evitó la dramática desaparición de estas industrias. Santana Motor, la fábrica automovilística de Linares (Jaén), se quedó sin combustible en 2011. Tras fracasar todos los planes de salvamento del Gobierno andaluz, que llegó a comprar la factoría, ésta cerró sus puertas dejando en la calle a 1.341 trabajadores, de los cuales 792 se prejubilaron con 68 millones que salieron del «fondo de reptiles».

El fiasco de Delphi

Cuatro años antes, se había clausurado la fábrica de piezas automovilísticas de Puerto Real (Cádiz), Delphi, después de 125,75 millones de euros gastados en prejubilaciones y otros 106 millones enterrados en formar y pagar nóminas a exempleados. Años antes, Chaves les había hecho una promesa: «No os vamos a dejar tirados».

De la riada de fondos invertidos, 33,3 millones fueron a parar al exconsejero andaluz Ángel Ojeda mediante subvenciones directas y excepcionales dirigidas a «dar cumplimiento a sus compromisos políticos con los afectados», según detalló un informe pericial incorporado a otra causa que investiga la juez María Núñez Bolaños.

En 2011, los Astilleros de Huelva dijeron adiós a 46 años de historia. Más de la mitad de los 10 millones fueron concedidos por la Junta prescindiendo «total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».

El ERE de cinco minerías de Huelva movilizó más de 40 millones de la Junta y el Estado. En el expediente se colaron cinco intrusos que cobraron ayudas sin tener derecho, entre ellos, un exalcalde socialista de la pedanía de La Barca de la Florida (Cádiz).

La política de los ERE ha sido incapaz de levantar tejido productivo de Andalucía. Hoy, 18 años después de que la Junta comenzara a conceder las ayudas bajo sospecha, sigue siendo la cuarta región europea más castigada por el desempleo, según el último ránking publicado por Eurostat. Sólo la superan Macedonia Occidental y Dytiki Elliada, en el Peloponeso, y Melilla.