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MARASMO ADMINISTRATIVO

Un matrimonio inglés vive en un garaje desde que le derribaron su chalé en Almería

Ahora diez años después un juez ha dictaminado que hay que indemnizarlos por el daño causado

El matrimonio Prior delante del chalé derribado ABC

RAQUEL PÉREZ

El 9 de enero de 2008 el matrimonio conformado por Leonard y Helen Prior comenzó a recorrer el particular calvario judicial y administrativo que a sus 72 años, aún continúan padeciendo en el garaje de lo que hasta ese día era la casa de sus sueños. Sin saberlo cuando llegaron a España para pasar los últimos años de sus vidas disfrutando del buen clima y del mar, iban a protagonizar un largometraje del que aún quedan escenas por rodar. Invirtieron todos sus ahorros en levantar un chalé en el término municipal de Vera con todos los parabienes administrativos, pero la pala por orden de la Junta de Andalucía se lo derribó.

La Justicia ha vuelto a darles la razón, como ya hicieran con la licencia de obras. El Ayuntamiento de Vera ha sido condenado esta semana por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Almería a indemnizarles con 425.185,43 euros por los daños materiales y morales causados por el derribo, pero los Prior no las tienen aún todas consigo. «Después de casi 10 años no confiamos en nada», aseveran, en declaraciones a este periódico. Además de la desconfianza, se quejan de que la cuantía fijada «es inferior al valor de nuestra vivienda en el día de su demolición», además de que han de sufragar, cuando acaben todos los litigios, la minuta de su letrado.

Confiesan que les gustaría reconstruir el que era su hogar, «pero sabemos que no es posible, aunque estemos rodeados de otras viviendas». «Hasta hoy las costas judiciales ascienden a 75.000 euros y además tenemos 10 años de gastos legales que nos han supuesto cerca de 200.000 euros».

Aseguran que su caso es «un buen ejemplo de las consecuencias de la inseguridad jurídica para compradores de buena fe en este país»

Aseguran que el suyo «es un buen ejemplo de las consecuencias de la inseguridad jurídica para compradores de buena fe en este país». Su misma situación la vivieron en meses posteriores otros británicos y numerosos compatriotas aún desconocen cuál será el futuro de sus casas, puesto que no saben si serán regularizadas o si al final serán convertidas en polvo. Sin duda una injusticia a la que se suma «la de que los vecinos de Vera deban pagar por los errores de otros», los cometidos por «el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía». El alcalde, «Félix López no nos informó sobre la existencia del procedimiento» urbanístico abierto contra su inmueble «desde el principio», lo que les ocasionó indefensión jurídica.

Ellos siguen haciendo su vida en el interior del garaje, la única parte de la casa que no fue derribada por estar ajustada a lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que tantos quebraderos de cabeza ha generado desde su entrada en vigor. «No esperábamos pasar nuestra jubilación de esta manera». Sobre sus conocidos que han puesto sus barbas a remojar esperan que «los últimos cambios legislativos les protejan en el futuro, pero si su vivienda ya está demolida están en el mismo barco que nosotros».

Solo tres años felices

«Sólo tres años felices»

No obstante, son conscientes de que muchas personas piensan que no actuaron de buena fe, como sí les reconoce la Justicia y se ven en la necesidad de volver a defenderse. «Teníamos permiso de obras y licencia de ocupación; nuestra casa fue registrada en el Registro de la Propiedad». Y no sólo eso. «Hemos pagado nuestros gastos notariales, tasas de registro e impuestos». Todo para «vivir durante tres años felices». «Si no se puede confiar en una autorización de la Administración, en qué se puede confiar», se pregunta una y otra vez.

Mientras la Justicia sigue su camino y tienen noticias de su abogado sobre la suerte de la indemnización, puesto que cabe recurso por parte del Consistorio, que ha anunciado que lo va a interponer, ven pasar los días en su reacondicionada cochera. Y no quieren oír hablar de más obligaciones municipales y autonómicas tras lo ocurrido. «No podemos pagar y no queremos pagar impuestos por algo que ya no existe», sentencian, en espera de lo que dicten los tribunales.

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