Zona donde se levantarán las polémicas torres de pisos en la localidad onubense
Zona donde se levantarán las polémicas torres de pisos en la localidad onubense - ABC

Punta Umbría vuelve al desarrollismo urbano de los setenta con la construcción de cuatro torres de pisos

UPU denuncia la venta de suelo por debajo de su valor para realizar una «aberración urbanística»

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Año y medio después, el Ayuntamiento de Punta Umbría recupera una operación urbanística rodeada de sombras que puede cambiar por completo el skyline de este popular núcleo costero de Huelva. La alcaldesa de esta localidad, Aurora Águedo (PSOE), llevará al Pleno del próximo miércoles la venta de suelo municipal por debajo de su precio -según una tasación que realizaron arquitectos municipales- para edificar cuatro torres de once plantas con 172 viviendas.

La regidora desempolva una iniciativa que impulsó el anterior alcalde, Gonzalo Rodríguez Nevado. Las prisas con la que gestionó el proyecto, las suspicacias políticas y las dudas mostradas por la Junta de Andalucía obligaron al anterior gobierno local a guardarlo en un cajón. Pero su sucesora nunca abandonó del todo la idea de obtener ingresos a costa de unas parcelas de 30.000 metros cuadrados junto a los antiguos depósitos de agua y del aparcamiento próximo a la casa cuartel de la Guardia Civil en la avenida Ciudad de Huelva. Están en una zona paralela a la línea de playa, un filón para promotores inmobiliarios.

Con la operación, regresa también la polémica. El portavoz de Unidos por Punta Umbría (UPU), José Carlos Hernández Cansino, ha denunciado que «la venta que se propone es ilegal, pues vulnera el artículo 75 de la Ley de Ordenación urbanística de Andalucía, por no destinar las parcelas integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo a viviendas de protección oficial u otros usos de interés social ni el importe de la misma se va a destinar a los usos previstos, según consta en los presupuestos municipales que también han sido impugnados».

El responsable del principal grupo de la oposición recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló en 2012 la venta de las parcelas por vulnerar la citada norma autonómica.

El gran tamaño de los bloques que pretenden levantarse en este núcleo turístico, que evoca el desarrollismo urbano imperante en los años 60 y 70, y el precio de venta de los terrenos, siguen arrojando sombras de sospecha sobre esta operación. Un arquitecto externo contratado por la alcaldesa ha valorado las parcelas en 3,86 millones.

La tasación está por encima del estudio que encargó el anterior regidor (3,52 millones), pero muy por debajo de los 5,17 millones de su valor en el mercado, según un informe que realizaron cinco arquitectos municipales. «Se ha bajado el precio en un 25,2%, pese a que todos los indicadores marcan el incremento del precio de la vivienda nueva en los dos últimos años y así siguen las perspectivas para el futuro», afirma Hernández Cansino.

Los ingresos por esta operación están recogidos en los presupuestos municipales de 2017, aprobados con el voto favorable de PSOE y PP y el rechazo de UPU e IU.

Desde el Ayuntamiento, la concejal de Urbanismo, Bárbara Carrasco, aseguró a ABC que las parcelas no se han tasado por debajo de su precio real porque «hemos pedido una nueva valoración que está avalada por técnicos municipales».

«Un traje a medida»

El portavoz de UPU, en cambio, va más lejos. Cree que el pliego de condiciones para enajenar las parcelas que se someterá a aprobación el miércoles «es un traje a medida para quien todo el mundo sospecha en el pueblo».

Hernández, que fue alcalde entre los años 2003 y 2007 con el PP, alerta de que con esta operación «se produce un aumento brutal de volumen», de tal manera que se pasa de un total de 54 viviendas que se preveían en el sector a 172 aumentándose la densidad de 18 a 57 viviendas por hectárea». A su juicio, el proyecto es «una aberración urbanística, una vuelta al pasado al urbanismo de los años 60 y 70 de las grandes torres de apartamentos».

El pliego de condiciones propuesto marca un plazo de 30 días naturales (15 menos de los que establecía el proyecto de Rodríguez Nevado) para presentar las ofertas y los anteproyectos de edificación y urbanización de este sector.