INFORME
¿De qué se quejan los andaluces?
El retraso de ayudas sociales, las caracolas y la gestión de bolsas de empleo público, reclamaciones recurrentes ante el Defensor del Pueblo Andaluz
No hay cuita, retraso burocrático o injusticia mayúscula que no llegue en forma de escrito al buzón de quejas del Defensor del Pueblo Andaluz . Durante el pasado año, 28.777 personas se dejaron caer en ese diván del psicoanalista en el que se ha convertido esta institución de extracción parlamentaria, cuya misión principal consiste en mediar entre la administración y sus administrados para resolver o, al menos intentarlo, sus múltiples preocupaciones. En este período se tramitaron 9.082 quejas, de las cuales casi dos tercios se generaron en el mismo ejercicio.
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Pero, ¿de qué se quejan los andaluces? El informe anual presentado por Jesús Maeztu , al frente de la Oficina desde hace tres años, recoge un catálogo extenso de reclamaciones. Servicios sociales, empleo, problemas educativos y de viviend a, son los principales motivos de desazón para los andaluces. Estas materias aglutinan el 43 por ciento en la escala de sus preocupaciones. Les siguen, por este orden, los asuntos que involucran a menores, dependientes y víctimas del colapso o la incuria judicial .
Víctimas del tapón burocrático
Las trabas para acceder a las ayudas de la Ley de Dependencia monopolizan buena parte de las quejas en este terreno. En ellas se pone de manifiesto, por ejemplo, el incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía «de las obligaciones de pago contraídas con los herederos de las personas dependientes». Desde 2012, una de las «disfunciones más importantes en el sistema» es «el retraso en el reconocimiento de la situación de dependencia y en la elaboración o revisión del Programa Individual de Atención », es decir, el plan que determina a qué ayudas o prestaciones tienen derecho atendiendo a sus necesidades. El Defensor ha tramitado «numerosas quejas» ante la Administración, que obligaba a los afectados a firmar un documento renunciando a un recurso distinto al de la prestación económica por cuidados familiares .
Las demoras son habituales también a la hora de reconocer la discapacidad o revisarla. «Con cierta frecuencia se incumple por parte de las Delegaciones Territoriales de Igualdad, Salud y Servicios Sociales el plazo de tres meses legalmente establecido», avisa el informe.
Caracolas eternas
La persistencia de la crisis económica ha provocado que disminuya el número de familias que requieren servicio de atención socio-educativa y que optan, al perder su empleo y tener más tiempo, por cuidar de sus hijos menores. Como resultado, han decaído las reclamaciones originadas por « el importante desfase entre el número de plazas ofertadas por la Administración» en guarderías y la demanda.
Otra piedra de toque es la escolarización. El cambio de criterios al baremar las solicitudes y la mayor concienciación de los padres están detrás de una caída de las quejas, a juicio de la Oficina del Defensor, de tal modo que «parece haber quedado lejos aquella época en la que las familias contrataban detectives » para demostrar que otros padres habían colado a sus hijos en los centros valiéndose de datos falsos. En cambio, crecen el malestar y la desesperación de los padres por la negativa de la Junta a escolarizar a todos sus hijos en el mismo centro .
Pero si hay un motivo de discordia que no cesa es la precariedad de las instalaciones educativas. El Defensor no se anda con medias tintas y denuncia «la incapacidad» de las administraciones autonómica y local «para resolver las carencias, deficiencias y falta de conservación en los numerosos edificios docentes ». «Son muchos los nuevos centros que se encuentran a la espera del inicio de obras que, aun comprometidas desde hace años, han quedado paralizadas sine die como consecuencia de la falta de disponibilidad presupuestaria» o por «ausencia de planificación» . El retraso se ha suplido con el montaje de caracolas, «una solución que, siendo óptima para resolver los problemas de escolarización inmediata, no puede perpetuarse en el tiempo», advierte.
Empleo público
Con una tasa de paro del 29,8% en Andalucía, los procesos selectivos de la Administración autonómica, con nula publicidad, son otra fuente inagotable de descontento y sospechas. La reserva de plazas a discapacitados , el cese de los interinos del Servicio Andaluz de Empleo o la gestión de las bolsas de trabajo de Justicia y del Servicio Andaluz de Salud , que no valora la experiencia profesional por los servicios prestados en centros sanitarios concertados, copan las reclamaciones. A ello se suma la queja hacia la recuperación a cámara lenta de la paga extra de diciembre de 2012 en Andalucía, prevista en los Presupuestos del Estado.
Impuesto de Sucesiones
Si hay un impuesto que activa el sentimiento de agravio, es el de sucesiones y donaciones. Las quejas coinciden en el « tratamiento excesivamente gravoso » de las herencias en Andalucía en comparación con las cuotas que se pagan en otras regiones, por lo que exigen «su urgente modificación». El Defensor admite «preocupación» por el aumento significativo de las renuncias a herencias . Plantea abrir un debate para equiparar «regímenes tributarios excesivamente dispares que introducen situaciones de evidente discriminación entre unos contribuyentes y otros en función de su lugar de residencia».
Ayudas y desahucios
El empobrecimiento de la población, derivado de la crisis, ha multiplicado de forma «desmesurada» la demanda de viviendas sociales y es una reclamación recurrente. Como incontables son las quejas por el bloqueo de los pagos de las ayudas al alquiler destinadas a inquilinos o propietarios que las ceden en arrendamiento por falta de presupuesto.
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