Ls consejera andaluza María Jesús Montero y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
Ls consejera andaluza María Jesús Montero y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro - EFE / KIKO HUESCA

La reducción de 35 horas de la Junta sigue incumpliendo la suspensión cautelar en el TC

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, critica el «silencio» del Gobierno

SEVILLAActualizado:

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha garantizado este viernes que no va a dar marcha atrás en la aplicación de las 35 horas semanales para los empleados públicos en Andalucía y que, por tanto, defenderá los derechos conquistados por los trabajadores a «capa y espada».

Montero cree que el Gobierno central mantendrá en el Tribunal Constitucional (TC) la suspensión de la recuperación de la jornada laboral de 35 horas y anuncia que, en ese supuesto, pactará mantener esta medida con los sindicatos.

Montero, quien ha explicado este viernes el presupuesto andaluz para 2018 a la UGT, ha criticado «el silencio» del Gobierno central a la petición de la Junta de Andalucía de que pida al TC que levante la suspensión cautelar de la recuperación de la jornada laboral de 35 horas a los empleados autonómicos.

«Probablemente no quieren dar la cara, pero si el Gobierno impide que en Andalucía se puedan aplicar las 35 horas reuniremos a las organizaciones sindicales y arbitraremos un plan que permita cumplir con el mandato y respetar los derechos de los trabajadores y mantener los siete mil empleos que se han creado», ha enfatizado.

La consejera ha recordado que dirigentes del PP andaluz aseguraron a los sindicatos que iban a mediar para que se levantara la suspensión cautelar sobre la jornada de 35 horas y ha criticado que los líderes populares «ahora no responden» por lo que ha señalado que se teme «lo peor».

«No responden, no dan ningún tipo de respuesta, ni afirmativa, ni negativa y parecen que están en eso como el señor», cuando es muy sencillo responder a la pregunta de si van a levantar o no la suspensión cautelar», ha añadido.

Montero ha mandado un «mensaje de tranquilidad» a los empleados públicos andaluces y a los siete mil contratados tras la aplicación de la jornada de 35 horas para trasladarles «que el Gobierno andaluz, con los sindicatos, arbitrará las medidas que permitan compatibilizar los derechos».

La consejera ha criticado que el PP «no se prodiga en el diálogo» y por ello es «incapaz» de lograr un respaldo parlamentario a los Presupuestos Generales del Estado y ha pedido al ministro Cristóbal Montoro que si no logra el apoyo suficiente arbitre las medidas que garanticen la subida salarial del 1,5 por ciento, «como mínimo», para los empleados públicos y una revalorización de las pensiones.

Proceso judicial

Fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas han insistido a este periódico que el Gobierno central mantiene el recurso presentado el pasado mes de julio al decreto de la Junta de Andalucía, como ya ocurrió con el País Vasco y Castilla-La Mancha, donde tuvieron que rectificar una medida similar.

El departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro se encuentra en estos momentos a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie y emita un dictamen. «Se trata de un asunto que está inmerso en un proceso judical y hay que respetar los tiempos».

El Gobierno ha dejado claro que no va a retirar el recurso contra la Junta al entender que es su obligación porque así lo manda «la ley», aludiendo a la orden de 2012 que establece que la semana laboral no puede ser inferior a 37,5 horas para todos los empleados públicos de España. La ampliación de la jornada a los empleados de las administraciones fue una de las medidas para reducir gasto público tomada por Mariano Rajoy en 2012 debido a la crisis. Hasta entonces y desde 1999 la semana laboral era de 35 horas.

El Consejo de Ministros acordó recurrir ante el Tribunal Constiucional la normativa de la Junta de Andalucía que permite devolver la jornada laboral de 35 horas semanales a los más de 270.000 trabajadores públicos de la administración autonómica, en vigor desde el pasado mes de enero, y acordó al TC la suspensión cautelar de esta medida.

Dos recursos de inconstitucionalidad

El Gobierno aprobó dos acuerdos por los que se solicitó la interposición de dos recursos de inconstitucionalidad contra normas de la Junta de Andalucía, con invocación al artículo 161.2 de la Constitución para que se produzca su supensión. Uno de los recursos va contra el Decreto Ley de la Junta que regula el trabajo de sus empleados públicos en 35 horas semanales, y otro, contra la Ley del Presupuesto autonómico para 2017 que habilita, en aplicación de la medida, la contratación de personal para reforzar la plantilla cuando sea necesario.

El Gobierno justifica su recurso porque «no es vertebrador» que la jornadas laborales de los funcionarios varíen en función de la comunidad donde trabajen. Aunque la Junta de Andalucía defiende su competencia para regular la jornada de su personal, el Gobierno estima que el Decreto Ley 5/2016 de la Junta «contraviene» la disposición adicional septuagésima primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que estableció la jornada del personal al servicio de las Administraciones Públicas en 37,5 horas, y el artículo 3 del Real Decreto Ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Cinco meses en suspenso

Fuentes del Tribunal Constitucional afirmaron que el proceso judicial está «pendiente de sentencia». Según explicaron, el artículo 161.2 de la Constitución establece que el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida de forma automática y el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Es decir, que el Tribunal Constitucional tiene de plazo hasta diciembre para revisar dicha suspensión hasta que dictamine una resolución, por lo que actualmente la Junta de Andalucía está incumpliendo la suspensión cautelar recogida enla Constitución.

El Tribunal Constitucional tarda habitualmente en dictar sentencia en un periodo de entre 6 y 12 meses, por lo que hasta 2018 no se sabrá si prospera el recurso del Gobierno o se la da la razón a las alegaciones presentadas por la Junta de Andalucía.

Precisamente, el Ministerio de Hacienda negociaba con los sindicatos la recuperación de las 35 horas semanales en el sector público de todo el territorio nacional. Sin embargo, las negociaciones se encuentran en estos momentos en «stand by», a la espera de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, en supenso por el conflicto de Cataluña.