Uno de los dos guardias civiles de la UCO inicia la ronda de declaraciones en la Audiencia de Sevilla de los casi 150 testigos del caso
Uno de los dos guardias civiles de la UCO inicia la ronda de declaraciones en la Audiencia de Sevilla de los casi 150 testigos del caso - EFE
CASO ERE ANDALUCÍA

Un responsable de la UCO declara en el juicio que el Gobierno andaluz «decidió» el sistema de los ERE

El agente, que investigó las ayudas, constata el total descontrol que había y el uso del fondo para intrusos, regalos, comisiones o sobres de dinero

SEVILLAActualizado:

Uno de los responsables del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha apuntado directamente al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en su declaración como testigo este lunes en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos autonómicos, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla.

El agente número Q14969J, que ha participado en la elaboración de los atestados encargados por la primera instructora del caso, Mercedes Alaya, ha asegurado, a preguntas del fiscal, que tanto Zarrías como José Antonio Viera, exconsejero de Empleo -ambos acusados en el proceso- «tenían conocimiento de que se estaban dando esta clase de ayudas» en relación al fondo destinado a pagar prejubilaciones a empresas en crisis y prejubilaciones.

El investigador sitúa la génesis del caso ERE en la primera ayuda concedida a Hijos de Andrés Molina en 1999, a la que había puesto reparos la Intervención de la Junta. «Marcan Viera y Zarrías que había un problema con diferentes ayudas que había que solucionar rápido y se opta por agilizar todo», relata. «Dentro de esa agilidad entra la discrecionalidad para resolver estos asuntos» y que tienen «problemas con la fiscalización crítica (o previa)» de este procedimiento, que carecía de control a priori, al conceder la ayuda, y con posterioridad.

A preguntas del abogado del PP Luis García Navarro sobre el papel del Consejo de Gobierno, el responsable de la UCO ha hecho extensible a la cúpula del Ejecutivo el conocimiento y la decisión del sistema de pago de las ayudas que ha sentado en el banquillo a 22 antiguos cargos autonómicos. «Detectan que hay un problema y el Gobierno toma una decisión y eso se ve refrendado a través de las modificaciones presupuestarias» que se llevan al Consejo para ampliar la partida de los ERE y que llevan el informe, entre otros, del director de Presupuestos de la Junta.

«Pasan demasiados filtros y se perpetúan a lo largo de todos los años y parece poco probable que no existiera esa voluntad», asegura el investigador en relación al uso del procedimiento de las ayudas. Añade que «está claro que lo lleva en su programa de Gobierno» el PSOE andaluz. En este sentido recordó que el propio exdirector de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, al ser preguntado durante la instrucción sobre por qué se beneficiaron de ayudas personas vinculadas al partido, afirmó que «no había publicidad. Era lógico que se enterasen los que estaban al lado».

A preguntas del fiscal Juan Enrique Egocheaba, el agente afirma que no sabría precisar el perfil de los beneficiarios de ayudas, algunos de ellos intrusos, porque «no hay norma reguladora por parte de la Administración. Eso está claro», ha puntualizado.

De hecho, el responsable de la Guardia Civil asegura que los consejillos presididos por Zarrías, en las reuniones preparatorias a los Consejos de Gobierno, «vetan» que las ayudas vayan al máximo órgano ejecutivo de la Junta de Andalucía ayudas que superaban los 1,2 millones de euros concedidas con cargo al fondo de los ERE que debían ser autorizadas por el consejo presidido por Manuel Chaves. En concreto recordó los casos de las ayudas de 1,8 millones concedidas a las empresa Pickman y de 3,8 millones a la compañía A Novo Comlink. Las citadas resoluciones fueron retiradas del orden del día y al final lo que se hace es «trocear» la ayuda para evitar que lleguen al Consejo de Gobierno.

Al ser cuestionado por el tribunal sobre la intencionalidad de que no llegaran las ayudas al Consejo, el agente ha contestado que entiende que el consejero de Empleo quería obtener el visto bueno del máximo órgano ejecutivo, pero «no quiere el Consejo de Gobierno meterse en esto» porque no quiere participar en un sistema que ya estaba en marcha. «Está claro que no le interesan proyectos que tengan que ver con la normalización del procedimiento y la firma de ayudas que sean competente ellos [en relación a Consejo de Gobierno] para darlas».

El agente de la UCO también ha recordado que «alguien vinculado a la empresa Dhul», que recibió ayudas con cargo a los ERE, envió un mensaje al conseguidor Juan Lanzas en la que daba su felicitación a su jefe G.Z., en alusión al exconsejero.

Durante su declaración, el testigo dibuja un escenario de desidia en relación con la tramitación de las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo que pagaba la agencia pública IFA/IDEA, lo que evitaba la fiscalización previa de las ayudas. «Hay tal descontrol que lo que se hace es parchear», dice. En este sentido, sostiene que las ayudas «se derivaban a mil cosas», desde intrusos que no habían trabajado en las empresas que realizaban procesos de reestructuración y que cobraban ayudas, hasta pago de comisiones a mediadoras, conseguidores como Juan Lanzas, regalos o sobres de dinero en métalico para pagar a sindicatos o a los «señores del sur», en alusión a ex altos cargos.