Los expresidentes de la Junta, junto al resto de encausados poco antes de que comenzara la primera vista oral - EFE
CASO ERE ANDALUCÍA

El sistema de los ERE «retrata» a la cúpula de la Junta en el banquillo

Afloran las primeras tensiones por la lectura de los escritos de las acusaciones en un proceso que se presume ya más largo de lo previsto

SEVILLAActualizado:

El vetusto edificio de la Audiencia Provincial de Sevilla se convirtió ayer en el centro de la vida política de Andalucía, con permiso del Parlamento. El contenido de la jornada inaugural del juicio de los ERE fue lo de menos. La lectura de los escritos de las acusaciones por parte del letrado de la Administración de Justicia (antes secretario judicial) consumió las más de tres horas de una sesión que comenzó con 50 minutos de retardo y en la que no hubo margen para plantear ninguna de las cuestiones previas.

La noticia estaba en la foto. Una imagen desoladora que captaron los objetivos de las cámaras y que pasará a la historia, aunque no para figurar en el Museo de la Autonomía de Andalucía: dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sentados en la primera fila de un banquillo tan nutrido que ha tenido que ser sustituido por sillas. A éstos les acompañaban seis exconsejeros y 14 ex altos cargos más. Están acusados de prevaricación y/o malversación de fondos públicos y asociación ilícita por diseñar y mantener durante más de una década (2000/2011) un sistema opaco que repartió más de 854,8 millones de euros en ayudas que no se publicaban en ningún boletín oficial. Sin control ni procedimiento, la amistad o la afinidad política presidieron la distribución de fondos entre empresas. La Fiscalía cifró el fraude en 741 millones.

Medio consejo de gobierno y parte de los consejillos pretéritos se citaron a las diez en la sala de vistas

Después de siete años de instrucción y un sumario que ha pasado por las manos de seis jueces distintos, medio consejo de gobierno y parte de los consejillos pretéritos se citaron a las diez de la mañana en la sala de vistas, una suerte de simbólico cadalso para la reputación de políticos de dilatada trayectoria y, en su mayoría, cercanos a la jubilación. Un epílogo inimaginable para 23 años de Autonomía. Los rostros de los encausados reflejaban un compendio de sensaciones, que iban desde la resignación y la tristeza al alivio. «Con 71 años, yo lo que quiero es que esto termine ya», comentaba José Antonio Griñán a periodistas.

Pero si algo dejó claro esta sesión preeliminar del primer juicio de los ERE, centrado en el procedimiento específico, es que el calvario judicial va a durar más de lo esperado. Lo advertía el abogado del presidente, José María Mohedano, que como letrado del director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, va a plantear la presunta violación del derecho fundamental al juez predeterminado por la ley consagrado en la Constitución. Esta cuestión previa, de ser aceptada, obligaría a retrotraer las actuaciones al momento en que la juez María Núñez Bolaños delegó la instrucción de la «pieza política» en su juez de refuerzo, Álvaro Martín. «Hay que prepararse para un juicio largo», aventuraba cuando empiecen a esgrimirse documentos. El enciclopédico sumario de los ERE que ahora se juzga se compone de más de 1.100.000 folios, 8.500 archivos informáticos y 379 tomos.

Amago de plante

En esta partida de ajedrez que libran las defensas y acusaciones (Fiscalía, PP y Manos Limpias) ya han empezado a surgir las primeras tensiones. Tras la lectura de las 44 páginas del escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción por parte del letrado Rafael Castro, que duró dos horas, llegó el turno del PP. Esta acusación particular defendió la lectura de 58 de las 103 páginas de su escrito porque introduce hechos nuevos: los programas de actuación, inversión y financiación de las agencias públicas como IDEA, el ente empleado por la Consejería de Empleo para pagar las ayudas irregulares. Además añade a la lista de delitos el de asociación ilícita, con el convencimiento de que la cúpula de la Junta creó una «red clientelar» para apuntalar la hegemonía del PSOE en la única comunidad de España que no conoce la alternancia política.

El abogado del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, Pedro Apalategui, amenazó con abandonar la sala si se leía este escrito alegando que «no nos aporta nada a la causa». El letrado de Francisco Javier Guerrero secundó la queja, pero finalmente el plante no se consumó. Eso sí, las defensas de Chaves, Lozano y Griñán, solicitaron la lectura de sus escritos para evitar un agravio con las acusasiones.