Andalucía
Los socorristas piden que se endurezcan las multas por bañarse con bandera roja
Pocos pueblos andaluces imponen sanciones por saltarse las prohibiciones
Tres muertes muy seguidas por ahogamiento en las playas de El Palmar, Puerto Real, Barbate y Conil (ayer mismo) en Cádiz en el mes de junio han abierto el debate sobre la seguridad y vigilancia de las costas andaluzas. ¿Estamos suficientemente protegidos? ¿Hacemos caso a las recomendaciones de baño cuando vemos ondear una bandera roja que prohibe hacerlo? No son muchos los ayuntamientos de la costa andaluza que imponen multas cuando no se respeta la prohibición si comparamos con Galicia, Valencia, Murcia o Cataluña.
El Ayuntamiento de Níjar en Almería es de los pocos que ha incluido nuevas medidas en su ordenanza municipal de playas. Contempla sanciones de más de 750 euros para aquellos usuarios que decidan darse un baño cuando ondee la bandera roja. La misma cantidad que el Consistorio de La Línea, que subió esta categoría de falta leve a grave, después de que el año pasado por julio tuvieran que ser rescatadas por bañistas decenas de personas en el agua con bandera roja.
¿Puede un ayuntamiento imponer este tipo de multas? Pese a la existencia de una Ley de Costas para toda España hay «lagunas legales» que emplean las autonomías con determinadas competencias —como Andalucía y Cataluña—, ayuntamientos e incluso diputaciones y mancomunidades para introducir sus propias regulaciones, explica Antonio Reina, letrado especializado en esta materia . Reina lamenta el «exceso de normativa reguladora» porque conduce a un constante choque competencial: «Es absurdo que las playas de un municipio dispongan de una norma y, en las de al lado, se aplique otra diferente». La ausencia de una ley nacional y el exceso de normas locales pueden convertir la visita a la playa en una aventura para los turistas que desean acampar, practicar nudismo o reservar un sitio con la sombrilla, ya que deben estudiar las ordenanzas municipales para saber qué pueden hacer y qué no.
La agencia Efe publicó un reportaje con diferentes casos repartidos por toda España. Fumar en la playa de Mogán, en Gran Canaria, fuera del área habilitada para ello puede costar 450 euros y bañarse con bandera roja unos 1.500 también en la misma isla; no controlar al perro en Ibiza hasta 3.000 euros y pescar sin autorización en Valencia hasta 90.000. Sin una legislación estatal todo depende del último bando municipal o del organismo competente.
Impunidad
Son los propios socorristas los que demandan que se endurezcan las medidas para los que incumplan las prohibiciones. Un retén de cuatro vigilantes para playas con muchos bañistas en un día complicado con prohibición de bañarse es una odisea . En la Costa del Sol salió a la palestra la polémica cuando el año pasado se incrementaron considerablemente los ahogamientos y los rescates por la imprudencia de los bañistas. Para reforzar la seguridad de las playas los servicios de salvamento reclamaron mayor dureza contra quienes no respetaban sus indicaciones.
Además, recomendaron que los ayuntamientos incluyeran la posibilidad de sancionar económicamente este tipo de actuaciones, que la mayor parte de las veces quedan impunes. Ni los socorristas son autoridad, ni hay agentes municipales en todas las playas, ni los bañistas bajan a la arena cargados de documentos para identificarse. El problema no es sencillo de resolver. Sin embargo en Estepona o Rincón de la Victoria ya contemplan multas que oscilan entre los 300 y los 3.000 euros a quienes ignoren las órdenes de los socorristas. Son ellos mismos los que avisan a la Policía Local para que impongan la sanción correspondiente, tres mil euros como falta grave sin son reincidentes.
No obstante la prevención es la mejor arma para evitar disgustos. Vigilar a los menores, nadar de espaldas moviendo sólo los pies si se encuentra agotado lejos de la orilla, no dejar que las personas mayores se bañen solas, usar chaleco salvavidas si se practican deportes náuticos o no beber alcohol son las recomendaciones principales del Ministerio de Sanidad para evitar ahogamientos.
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