Una «trama organizada» imputaba gastos de cursos a una huevería

La historia de esta sociedad gravita sobre un pecado capital: la codicia. Según los hechos expuestos por la instructora en un auto en noviembre de 2015, «los cursos subvencionados fueron impartidos, pero el coste real de los mismos es muy inferior al justificado» ante la Administración». La Junta de Andalucía se limitaba a hacer «una comprobación formal del dinero empleado», sin entrar a «valorar la realidad de las partidas que contemplan y las sociedades auditadas».

Aprovechando estos resquicios, se utilizaron distintos « mecanismos ficticios» para justificar las ayudas . «Si eran 20 euros, se facturaban 80» por hora de docencia; «el mismo concepto se factura por duplicado», y «se facturan productos inexistentes o no suministrados, por ejemplo, monitores de 17 pulgadas». Los alumnos declararon que el material entregado es «justo o escaso».

Para emitir las facturas, cuenta con la colaboración activa de Víctor Manuel Fernández Sanz. Su sociedad Vicafer Gestión S.L. aparece como proveedora de material didáctico «y ello pese a ser Vicafer una empresa dedicada al comercio de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles». Otras facturas presentadas para justificar los cursos son emitidas por otra empresa suya, Bio Oil Doñana S.L., en concepto de alquiler de mesas y sillas y mantenimiento de ordenadores «sin ningún contrato que lo documente».

Bio Oil Doñana S.L . se dedicaba al comercio al por mayor de alimentos. El análisis de la documentación lleva a la juez a concluir que el suministro «no es real» puesto que ni una ni otra empresa proveedora «tienen infraestructura, instalaciones (los domicilios sociales son domicilios particulares) o medio de producción que les permitan asumir eso servicios».

La juez exige una fianza de un millón de euros a Sivianes, otro millón a su esposa para «asegurar las responsabilidades pecunarias» y la misma cantidad a su empresa, mientras a que al resto de acusados les pide una fianza de 20.000 euros a cada uno . «Los cursos se impartieron pero en un coste real del 70% menos de lo documentado a la Junta», señala la juez. «Gran parte del dinero defraudado se canaliza a través de la simulación de la cesión del servicio de docencia». Con el asesoramiento fiscal de Manuel Jaime Fernández Recio, la empresa utiliza como «contratantes de formadores» a cinco personas, logrando que «éstos colaboren activamente en el fraude de subvenciones y el delito fiscal». Todos ellos están procesados.

De ellos, Antonio Torres Granados sobresale como «el mayor proveedor irregular de servicios de cesión de horas docentes». En su cuenta figuran entradas por importe de 661.000 eruos y salidas de efectivo de 553.000 euros. Torres Granado es hijo de Antonio Torres García, que fue alcalde de Lebrija (Sevilla) durante 24 años y cobró más de medio millón de euros durante once años como empleado de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), un ente de la Junta que pagaba subvenciones para cursos.