La consejera María Jesús Montero
La consejera María Jesús Montero - ABC
ANDALUCÍA

El truco de la Junta para no cambiar la jornada de 35 horas de los funcionarios

Seguirán trabajando 35 horas presenciales y las 2,5 restantes a las que obliga el Tribunal Constitucional las harán en casa

SEVILLAActualizado:

El Gobierno andaluz era consciente de que la sentencia del Tribunal Constitucional iba a tumbar su decreto ley de las 35 horas puesto que ya lo había suspendido y ahora se trataba de resolver un recurso presentado por la propia Junta al respecto. Hay, además, otras dos sentencias similares contra los gobiernos del País Vasco y Castilla La Mancha (también del TC) que quisieron implantar la jornada de 35 horas y que fueron suspendidas.

Por eso el departamento que dirige Montero lo tenía todo preparado para reaccionar con rapidez como lo ha hecho. Hasta tal punto que el próximo lunes 18 llevará su propuesta a la Mesa General de negociación común con los sindicatos y el martes el Gobierno andaluz aprobará un nuevo decreto que «acata» la sentencia pero la cumple de esta manera tan particular. Así, María Jesús Montero ha trasladado un «mensaje de tranquilidad» a los más de 250.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía porque «no van a ver afectada su jornada presencial en los centros de trabajo».

La propuesta que Montero llevará a la mesa de negociación con los sindicatos supone incorporar en el cómputo de la jornada laboral las actividades y tareas que los trabajadores «habitualmente ya venían desarrollando fuera de su puesto de trabajo, como preparación de clases, estudio de casos clínicos, investigación o formación on line, entre otros».

Montero abundó en detalles sobre estas actividades, «tareas relativas a profundizar en la Ley de Contratación del Estado, o cuando se descargan vídeos para mejorar su actividad, miran bibliografía, estudian, investigan o preparan el trabajo y organizan la jornada. Todo aquello necesario, que se desarrolla habitualmente fuera del puesto por el empleado público y que sirve para mejorar la calidad de los servicios».

Se trata de «un paso adelante en el reconocimiento de las tareas que se vienen desarrollando habitualmente para complementar las 37,5 horas que mandata el Constitucional», explicó la consejera de Administración Pública. Según aseguró, la incorporación de este tiempo al cómputo de la jornada era una aspiración de las organizaciones sindicales en el que ya se venía trabajando por lo que es más que previsible que el martes se pueda aprobar en el Consejo de Gobierno para que entre en vigor a la mayor brevedad posible.

Eso sí. Por el momento se desconoce cómo se va a articular el control de estas horas trabajadas desde los domicilios y no se sabe si será necesario aportar algún certificado o documentación que verifique la formación on line, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que los funcionarios públicos tienen que fichar en sus centros de trabajo para justificar sus 35 horas. Resulta curioso que 2,5 horas semanales de su jornada laboral no tengan que justificarlas.

Esta rocambolesca salida para un conflicto prioritario para el Gobierno andaluz le permite, además, apuntarse un tanto político y estratégico porque se van a mantener los más de siete mil puestos de trabajo que se habían creado en la administración con la entrada en vigor de las 35 horas, sobre todo en Educación y la Sanidad.

María Jesús Montero se dirigió directamente a este colectivo, asegurándoles que no se tienen que preocupar por el mantenimiento de sus puestos de trabajo, ya que sus nóminas están incluidas en las cuentas de 2018 que ya se han aprobado y entrarán en vigor el 1 de enero.