Sede de la SGAE en Madrid
Sede de la SGAE en Madrid - ABC

El Gobierno tiene listo «un 155» para intervenir la SGAE

Si el próximo 14 de julio la entidad no cuenta con unos estatutos acordes a la ley, Cultura podría tomar el control de la misma

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El mismo día en que Màxim Huerta dimitió como ministro de Cultura y Deporte, la SGAE decidió abrir una guerra contra la cartera que tan brevemente dirigió el escritor. El conflicto estalló a última hora del martes, cuando el ejecutivo envió un requerimiento a la entidad dirigida por José Miguel Fernández Sastrón en el que reclamaba una serie de documentos sobre su gestión y, sobre todo, la relación de las medidas «antirrueda» que va a tomar la entidad. Ayer, la SGAE rechazaba las medidas propuestas por el gobierno. Todo ello ocurre en un clima tormentoso en el que no se descarta la intervención de la entidad por parte del Ministerio.

Más concretamente: si el próximo 14 de julio la SGAE no cuenta con unos estatutos conformes a la nueva legislación y aprobados por Cultura, que puede vetarlos, el Gobierno enviará un apercibiento de intervención a la entidad, según comentan fuentes políticas. Después, solo quedarían dos salidas: la caída de Sastrón y la regeneración de la entidad o la intervención. Y esta segunda opción no será un plato de gusto para ningún político. La autogeneración es preferible y si no se logra, la entidad puede quebrarse ante la entrada de nuevos actores previstos por la nueva ley.

El motivo principal de la discordia es la recaudación de la franja horaria de la madrugada, en la que se gestó la presunta corrupción millonaria de «la rueda», que está siendo investigada por la justicia. Desde el Ministerio le piden que, siguiendo con la Ley de Propiedad Intelectual y las recomendaciones internacionales, limiten el porcentaje de recaudación de esa franja al 15%. Según señala el texto del requerimiento, el actual reparto «no es proporcional». Por su parte, desde la entidad insisten en que adoptar esa medida iría en contra de una sentencia judicial vigente.

Para entender esta discusión tenemos que retrotraernos al verano de 2017, momento en el que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) realizó un arbitraje de la sociedad. Aquella inspección se materializó en un laudo que exigía a la SGAE fijar el famoso límite en el 15%, una medida que se concretó en un laudo. Entonces, la SGAE aprobó la medida. Todo cambió en mayo de este año, cuando la justicia española declaró nulo ese laudo. Desde la SGAE aprovecharon esta sentencia para elevar el límite de la franja de madrugada hasta el 20%, una medida que también se tomó en mayo. Y hace tan solo unos días, el pasado 4 de junio, se optó por eliminar este límite.

Esa sentencia es la que ahora la SGAE utiliza como arma contra el Ministerio. En la entidad insisten en que desde Cultura «se pide que se pase del laudo» y que «la sentencia dice que no se puede fijar un porcentaje límite». Nada más lejos de la realidad. Fuentes del Ministerio explican lo contrario: que la sentencia solo anula el laudo de la OMPI y que ello no se tiene que traducir directamente en una eliminación del límite de la franja de madrugada. Además, según subraya el texto del requerimiento, se está pidiendo que se ponga este límite porque el reparto actual «no es proporcional» y va en contra de la Ley. Llegados a este punto convendría recordar dos cosas con respecto a ese porcentaje límite de la madrugada y su importancia. En primer lugar, un dato revelador sobre cómo se aprovechaban los responsables de «la rueda» de estas horas: en 2015, la franja de noche representó el 70% de la recaudación por la música en la televisión, pese a que solo llegaba al 1% de la audiencia. En otras palabras: mucho dinero por muy poco.

En segundo lugar, destaca la coincidencia de las conclusiones de las dos últimas auditorías realizadas a la SGAE –dos en apenas un año–. Tanto la ya mencionada de la OMPI como la más reciente de la Cisac (Confederación Internacional de Sociedades de Autor y de Compositores) confirmaban que la entidad española no había tomado las medidas suficientes para terminar con los «desequilibrios» generados por la famosa rueda. Como solución, claro, ponían el famoso límite del 15%.

Pero el requerimiento va más allá de las medidas «antirrueda». Desde el Ministerio exigen que se les envíe la auditoría de la Cisac, además de la información sobre cómo se informó a los socios de los estatutos que se tienen que votar en la asamblea del 21 de junio. En parte, porque algunos miembros se han quejado de la falta de información de los mismos.

La situación de división dentro de la SGAE ha llegado hasta el punto de que más de medio millar de autores y editores han rechazado los nuevos estatutos por considerarlos una forma de perversión de la entidad para favorecer (todavía más) a los socios de «la rueda». Algunos han llegado a pedir al Ministerio de Cultura que supervise las votaciones, pues hay sospechas de manipulación. Incluso le solicitan que intervengan la SGAE para poner punto y final a la tormentosa deriva actual. Y, en efecto, el ministerio, en virtud de la reformada Ley de Propiedad Intelectual, tiene la potestad para intervenir temporalmente la gestión de esta sociedad.