“La diferencia con el Atlético es que también destituyeron a su consejo de administración”

Por  9:42 h.

Cuando al mediodía de ayer saltó la bomba informativa, paralizándose la venta a Luis Oliver e inutilizándose los derechos políticos de las acciones de Farusa, entre otras medidas cautelares, muchos de los aficionados que estaban atentos a la misma, a buen seguro, se acordaron de lo sucedido con el Atlético de Madrid hace diez años, cuando entonces el juez Manuel García Castellón ordenó la destitución de todo el consejo de administración rojiblanco y nombró un administrador judicial, primero, y un interventor, después. Ahí empezó un calvario que haría que Jesús Gil, máximo mandatario del Atlético, fuera condenado a tres años y medio de prisión y le obligaba a depositar las acciones del club en la sede judicial.

Aquella causa duró cuatro años. ABC se pudo ayer en contacto con dos de las personas que vivieron este asunto en primera persona: el entonces interventor judicial, Luis Romasanta, y con el hoy director general del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, hijo de Jesús Gil. El primero, y tras leer el auto de Mercedes Alaya, subrayó que la gran diferencia con respecto al proceso abierto contra el Atlético es que en el Betis no se ha destituido al consejo de administración. «Allí hubo primero una administración judicial y luego una intervención, en la que estuve yo. Eso, por ahora, no lo he visto en el auto. El consejo de administración seguirá teniendo la responsabilidad de la sociedad», señaló. En cualquier caso, y sobre este asunto, cabe resaltar que, según distintos juristas consultados, la juez pudiera optar por nombrar en breve a un interventor para las acciones de Farusa. Gil Marín se expresó de forma parecida a Romasanta. «Si yo fuera Lopera, estaría preocupado. Entiendo que el auto es bastante duro, aunque no se mencione nada sobre la destitución de su consejo de administración», destacó.
En la Federación Española, y a través de su director general, Jorge Pérez, se subrayó que lo más normal y adecuado es que la asesoría jurídica del máximo organismo de fútbol estudie lo sucedido, con el fin de analizar si pudiera influir e n algún requisito para la competición. «Lopera es una persona a la que estimamos, confío en que el beneficio sea para la entidad. Preferimos que la cautela, con este tipo de asuntos, sea la nota predominante».

Por último, ABC también contactó con el Consejo Superior de Deportes, que confirmó que aún no habían recibido la documentación solicitada a Bitton Sport por la compra. «Le pedimos unos informes originales, pero todavía no nos han llegado», declararon. En el club tenían diez días para remitirla y aún no la habían enviado ya que se estaban perfilando unos documentos que ya no llegarán.