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La juez del caso Aznalcóllar abre diligencias contra Magtel por posible tráfico de influencias

El auto apunta a «cierta información que apunta a Magtel como beneficiaria de numerosas ayudas y subvenciones concedidas mediando trato de favor por parte de la Junta de Andalucía»

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La juez Patricia Fernández Franco , que desde el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis, de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar , ha ordenado abrir nuevas diligencias previas contra el grupo andaluz Magtel, que participa de México Minorbis, por un posible delito de tráfico de influencias, según un auto emitido el 27 de mayo y recogido por Europa Press.

En su auto, la juez parte de un informe preliminar de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, según el cual merced a las denuncias promovidas por Emerita-Forbes Manhattan , que compitió sin éxito contra la agrupación empresarial México Minorbis, trasciende «cierta información que apunta a Magtel como beneficiaria de numerosas ayudas y subvenciones concedidas mediando trato de favor por parte de la Junta de Andalucía ».

El informe, recogido por Europa Press, detalla que las denuncias de Emerita-Forbes Manhattan apuntan a ayudas por valor de 23,59 millones de euros en favor de Magtel entre 2009 y 2015, así como 28,26 millones de euros «en concepto de préstamos» , toda vez que el «entramado societario» del grupo Magtel, dividido en diferentes sociedades y líneas de negocio, apoya «gran parte de su modelo de negocio en proyectos conseguidos a través de licitaciones públicas».

En ese sentido, el informe alude al presunto papel de «mediador» que habría ostentado Andrés Luque García , «haciendo valer los contactos adquiridos durante su etapa profesional en la Administración pública» como delegado provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Córdoba; delegado provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba y director general de Innovación e Industrias Culturales de la Consejería de Cultura.

Andrés Luque García, según la UDEF, fue «administrador único» de la sociedad Fisur Análisis y Gestión de Proyectos, una empresa vinculada a Magtel mediante un contrato firmado por ambas partes en 2011 para asesorar a esta última en la «preparación de ofertas, solicitudes y documentación a acompañar», entre otras cosas, toda vez que Luque García «desempeñaba un cargo público durante el periodo en el que se convocaron y se concedieron ayudas a favor de Magtel».

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