Economía

España, una excepción en Europa al mantener el Impuesto de Patrimonio

Con Francia es el único país de la UE con un tributo similar, aunque el presidente galo Emmanuel Macron planea acabar con esta figura en 2019

Fajo de billetes de 500 euros en el Banco Nacional de Austria
Fajo de billetes de 500 euros en el Banco Nacional de Austria - Reuters

El Impuesto de Patrimonio, una figura que parecía contar con cada vez más adeptos en el ámbito académico los últimos años ante el impacto de la crisis, no ha logrado traspasar su popularidad teórica a la práctica en Europa. Su principal promotor, el economista francés Thomas Piketty, defendía en «El capital en el siglo XXI» (2014), un impuesto mundial a las grandes fortunas para que el Estado paliara las desigualdades que había generado la Gran Depresión. El agujero de las arcas públicas en la mayoría de países occidentales también parecía influir en la aprobación de este tipo de tributos. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sin ir más lejos, suspendió el Impuesto sobre el Patrimonio, en 2008 para recuperarlo en 2011, buscando ingresos para reducir un déficit público disparado.

No obstante, los años han sepultado al tributo como una excepción internacional frente al resto de la Unión Europea. Desde 2012, el Gobierno español ha prorrogado año a año el impuesto, que en 2016 ingresó unos 1.034 millones de euros, un 0,09% del PIB. La siguiente «renovación» se determinará en unas semanas, cuando el Ejecutivo presente los Presupuestos de 2018. Francia y España son los dos únicos países de la UE que gravan de esta manera los grandes patrimonios, aunque Países Bajos tiene un impuesto similar integrado en el IRPF. El presidente galo Emmanuel Macron ha anunciado que lo eliminará en 2019, lo que dejaría a España como único país que mantendría este gravamen en la UE.

París sigue así a otros países que ya abolieron el impuesto: Italia (1992), Irlanda (1997), Alemania, tras declararlo inconstitucional (1997), Finlandia (2005), Luxemburgo (2006), Suecia (2007), Grecia (2009) o Hungría (2010). Otros estados como Bélgica parecen abiertos a aprobar un tributo similar, no obstante. Fuera de la UE, dos países europeos tienen impuestos similares: Noruega y Suiza. El estado helvético, precisamente, es el que más recauda por esta figura, con un 1% del PIB de ingresos.

La tendencia hace unos años parecía ser la contraria. Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Comisión Europea han defendido los impuestos a las grandes fortunas con vehemencia. La institución dirigida por Christine Lagarde aseveró en 2013 que si los quince países de la Eurozona establecían un Impuesto de Patrimonio con un tipo a la riqueza del 10% podrían reducir su deuda pública a los niveles de 2007.

El Bundesbank incluso llegó a señalar en 2014 que cualquier reestructuración de deuda en países como España debería exigir un impuesto a la riqueza como precondición obligatoria. Hasta el actual presidente de EE.UU., Donald Trump, propuso en 1999 un impuesto a las grandes fortunas con un tipo del 14,25% para recaudar 5,7 billones de dólares y acabar así con la deuda pública estadounidense.

Temporal... desde 1977

En España, el impuesto se reintrodujo en 2012 con carácter transitorio, si bien desde entonces se ha prorrogado año a año en los Presupuestos. Paradójicamente, cuando nació en 1977 también entró en la legislación nacional de forma temporal, para consolidarse ya de forma definitiva en 1991.

El tributo está cedido a las comunidades autónomas, que dibujan amplias diferencias en el impuesto. Madrid lo bonifica al 100% -por ello dejó de recaudar 660 millones en 2015-. Así, en el caso de un contribuyente con un patrimonio de 800.000 euros, si en Aragón paga cada año 1.164 euros, y en Extremadura dedica 1.099 euros, en Madrid no paga ni uno, según calcula el Consejo General de Economistas REAF-Regaf. Las comunidades que más recaudan con el tributo son Navarra -con un 0,26% de su PIB, es decir, 48 millones-, seguida de Cataluña, con un 0,23% -en román paladino, 462 millones-, debido a que tienen un mayor número de grandes fortunas y tipos más elevados frente al resto del país. El impuesto tiene un mínimo exento de 700.000 euros, aunque algunas regiones cuentan con umbrales más bajos.

Ahora la reforma de la financiación autonómica aborda el futuro del impuesto, al menos en las comunidades de régimen común -todas salvo País Vasco y Navarra-. El grupo de expertos elegido por Hacienda y las comunidades para alumbrar un nuevo modelo se mostró dividido. Sus propuestas abogan por clarificar y armonizar el tipo máximo en IRPF y Patrimonio para evitar «la posible confiscatoriedad del tributo» pero los expertos eludieron recomendar un tipo mínimo, por lo que Madrid podría seguir bonificándo el gravamen al 100%. El informe subraya las «distorsiones que el impuesto provoca sobre el ahorro y la inversión, con sus consecuentes costes de eficiencia, su carácter potencialmente confiscatorio debido al gravamen repetido de una misma base y su limitado poder redistributivo». Pero también valora el músculo recaudatorio del tributo.

División política

La división de los «sabios» es sintomática de la que existe entre economistas y políticos. «La existencia de impuestos patrimoniales ha dado lugar a multitud de discusiones, por el hecho de que, al encontrarse ya gravada la obtención de renta, el gravamen sobre el patrimonio podría dar lugar a una doble imposición», sostiene Helena Pujalte, directora del gabinete de estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf).

Otro punto que esgrimen los críticos del impuesto es la deslocalización de fortunas que puede provocar, como destaca la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (Amef). La Hacienda gala calculó que desde 2009 unos 850 grandes fortunas francesas habían cambiado su lugar de residencia. Algunos famosos que han optado por abandonar el país por motivos fiscales, son los actores Gérard Depardieu o Alain Delon. Para evitar este efecto, el primer ministro francés, Edouard Philippe, apuntó hace unas semanas que la fiscalidad patrimonial pasaría a gravar solo patrimonios inmobiliarios. Precisamente, esta era la propuesta que hizo en 2014 el grupo de expertos para la reforma fiscal en España.

La división también se palpa en los programas electorales. El PSOE propone integrar Patrimonio en el IRPF y armonizarlo al alza, mientras que Ciudadanos sugiere mantenerlo a efectos censales con una homogeneización a la baja y Podemos apunta a elevarlo. «Lo más adecuado sería eliminar el tributo y mantener la obligación de declaración a efectos exclusivamente censales y de control, tal y como estaba previsto antes de 2012», opina Pujalte.

España, asimismo, es el segundo país de la UE con mayores ingresos en tributación patrimonial -que añade otros impuestos como Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o plusvalía municipal-. Según Eurostat, España ingresa un 1,5% de su PIB en estos impuestos -16.852 millones-, frente al 1% de la media UE. Solo Bélgica recauda más, con un 2,3% del PIB en estos tributos. Otros, como Eslovaquia, no ingresan un euro en este concepto. En el tablero fiscal europeo, como en el autonómico, cada Hacienda avanza a un ritmo dispar.

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