Economía

Ni parados o familias con menores podrán ser desahuciados de su vivienda hasta 2020

El PP y el PSOE llegan a un acuerdo para ampliar el decreto contra los lanzamientos de vivienda, que incluirá a las víctimas de violencia de género

El Gobierno y el PSOE han vuelto a demostrar que cuando tienen voluntad de ponerse de acuerdo son capaces de hacerlo con el anuncio de un nuevo pacto en un asunto de alta sensibilidad social: los desahucios.

Gracias a este entendimiento se amplía el radio de protección del decreto vigente actualmente para incluir a los desempleados, familias monoparentales con hijos a cargo, familias con hijos menores de edad y víctimas de violencia de género, entre los colectivos considerados de especial vulnerabilidad. Ninguno de ellos podrá ser lanzado de su vivienda en caso de impago.

Hasta ahora, para que un desahucio fuera suspendido una familia monoparental debía contar con dos hijos a cargo, mientras que para el resto de familias era necesario incluir a un menor de tres años de edad, o que los progenitores no solo no tuvieran trabajo sino que hubieran agotado todas sus prestaciones por desempleo. Las víctimas de violencia de género no estaban incluidas. Además la vigencia del decreto se extiende durante tres años más, hasta el 15 de mayo de 2020.

En los casos en los que las ejecuciones no puedan evitarse porque los titulares de las hipotecas no se encuentren en situación de vulnerabilidad, el Gobierno pondrá en marcha medidas para facilitar la recuperación de la propiedad. Según fuentes socialistas, el objetivo es que los acreedores «compartan las pérddias» con los ejecutados y se descuente del precio a percibir por el banco una parte pagada por el ejecutado «que solo cubrió el aumento artificial de precio causado por la oferta excesiva de crédito y la burbuja inmobiliaria».

Por ejemplo, señalan que se tendrá en cuenta el precio de adjudicación de la vivienda, la posibilidad de que se descuente una parte del importe satisfecho para la amortización del préstamo o las mejoras realizadas en el inmueble, entre otros factores que garanticen un precio equitativo «evitando situaciones de asimetría».

Por último, si el ejecutado se encuentra en el umbral de exclusión podrá solicitar al banco el alquiler de la vivienda por una renta anual máxima del 3 por ciento de su valor al tiempo de la aprobación del remate, determinado según tasación. Este arrendamiento tendrá un duración anual y un máximo de cinco años aunque si existe mutuo acuerdo puede extenderse por otros cinco ejercicios adicionales.

Como sucedió con la negociación de las cláusulas suelo ha sido el portavoz de economía del PSOE, Pedro Saura, el responsable de negociar con el equipo del ministro Luis de Guindos. Según los socialistas, todas estas nuevas medidas han sido propuestas por ellos e introducidas por el Gobierno gracias a su presión negociadora.

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