Turistas en una calle cordobesa
Turistas en una calle cordobesa - ABC

Casi 31.500 viviendas turísticas se han inscrito ya en el registro andaluz

Málaga, que alberga prácticamente a la mitad, y Cádiz son las provincias con más oferta reglada

SEVILLAActualizado:

Un total de 31.351 viviendas con fines turísticos han presentado hasta el pasado 15 de septiembre su declaración responsable para el inicio de la actividad y su inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, según los datos aportados por la Consejería de Turismo y Deporte.

El decreto que integra este tipo de alojamiento en la oferta reglada y facilita su coexistencia con el resto de modalidades entró en vigor desde mayo de 2016.

Del total de viviendas con la declaración presentada, ya figuran en el Registro de Turismo y disponen de su correspondiente número 24.835 viviendas de uso turístico. Por provincias, destaca Málaga, con 14.821 unidades inscritas, seguida de Cádiz (3.570), Sevilla (2.236), Almería (1.688), Granada (1.519), Huelva (521), Córdoba (445) y Jaén (35).

La regulación de este tipo de alojamientos en la comunidad responde a la necesidad de ordenar una importante oferta de inmuebles no destinados a vivienda, sino a un uso del alojamiento privado para el turismo, así como de ofrecer a los clientes unas garantías de calidad y de confort durante su estancia y luchar contra la competencia desleal.

La norma creó la nueva categoría de vivienda con fines turísticos y estableció la inscripción obligatoria en el citado registro para poder operar. A partir de la presentación de la declaración responsable por parte del propietario, la Consejería de Turismo y Deporte realiza de oficio este trámite y asigna el número que se debe usar en toda la publicidad.

El desarrollo del decreto ha supuesto también la incorporación de estos alojamientos al Plan de Inspección Programada de Turismo que lleva a cabo anualmente la Administración autonómica. Se han realizado ya 4.719 inspecciones que han consistido en peticiones de documentación, labores de comprobación y visitas a las viviendas para comprobar 'in situ' el cumplimiento de los requisitos.