Retrasos administrativos y gastos injustificados en los grupos de desarrollo rural
El futuro de los 52 GDR de Andalucía está seriamente amenazado en el nuevo marco comunitario 2014-2020
Los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) son entidades sin ánimo de lucro que gestionan fondos públicos (de la Unión Europea y del gobierno andaluz) para apoyar iniciativas de diversificación económica con el fin de mejorar la calidad de vida en el medio rural. A ndalucía cuenta con un total de 52 grupos, ocho de ellos en la provincia de Sevilla, encargados de aplicar el enfoque Leader, como se conoce a la aplicación de las políticas de desarrollo rural a nivel local, a través de la ejecución de una estrategia de desarrollo en el territorio que ha sido definida participativamente.
Sin embargo, el futuro de estos grupos «es bastante crítico y su pervivencia está todavía en el aire en el nuevo marco comunitario 2014-2020» , denuncia Asaja Sevilla. De hecho, «la mayoría de los grupos están reduciendo personal, como está ocurriendo en los GDR sevillanos y en la provincia de Granada ya hay alguno que ha echado el cierre definitivo», afirma José Antonio Gallo, técnico del departamento de Desarrollo Rural de la patronal agraria.
Las causas
Esta situación es el resultado de la mala gestión, tanto administrativa por parte de la Consejería de Agricultura como de funcionamiento de los propios grupos, cometida en el anterior programa marco 2007-2013, dotado con un total de 307 millones de euros (245 de fondos Feader y 61 de cofinanciación autonómica y nacional), y que se ha cerrado con un grado de ejecución presupuestaria en torno al 80-90%. Esto significa que entre 50 y 60 millones de euros no se han aplicado en el territorio. A esto se suma la paralización del programa durante casi dos años y la suspensión de pagos a los GDR debido a la aplicación del Plan de Contingencia, tras detectarse «incidencias relacionadas con errores administrativos en la forma de justificación de los gastos de funcionamiento de los grupos», apunta Gallo. Esta medida forzó a someter a los GDR andaluces a una auditoría de supervisión del uso de los fondos públicos desde junio de 2013 a noviembre de 2014, cuyo resultado obliga ahora a los grupos a devolver, dependiendo de cada caso, cuantías que van desde 3.000 a 90.000 euros gastados presuntamente sin justificación. En total, «son unos tres millones de euros los que se exige a los 52 GDR, aunque la mayoría de grupos han recurrido esta imputación», señala el técnico de Asaja Sevilla.
Hasta que no haya una resolución judicial definitiva, esta situación convierte a los GDR andaluces en morosos (mientras que no devuelvan los fondos injustificados, aunque ya se están haciendo depósitos) y los imposibilita a recibir ayudas públicas.
Nuevo PDR
Los problemas arrastrados del anterior programa marco ponen en una difícil situación a los GDR de cara al nuevo periodo 2014-2020. El nuevo Programa de Desarrollo Rural de Andalucía viene con un recorte en los fondos públicos que gestionarán los grupos andaluces, que será de 258 millones de euros para los próximos cinco años.
A esto se suma «el retraso de más de un año por parte de la Consejería de Agricultura en la puesta en marcha del nuevo programa», ya que «en 2015 se debería haber publicado una orden de convocatoria para la preparación de estrategia de desarrollo local participativo, que dotaría a los grupos de una ayuda de entre 110.000 y 130.000 euros para presentar sus proyectos, y no se ha publicado hasta la fecha». Además, «desde el pasado 15 de diciembre, los GDR no tienen financiación para correr con los gastos de sus trabajadores, por lo que existe una alta probabilidad de que muchos tengan que finiquitar a sus plantillas», lamenta José Antonio Gallo. Por ello, el técnico de Asaja Sevilla insta a la Junta de Andalucía a «terminar con los problemas de los GDR y a evitar su cierre tras más de 20 años de funcionamiento », ya que «no basta con la voluntad de mantener a los grupos, sino que hay que dotarlos de herramientas presupuestarias y normativas adecuadas, y actualmente no las tienen», señala.
Gallo insiste en que «tenemos un modelo de gestión de los GDR que está haciendo aguas, pues hemos pasado de un ejemplo de agilidad a un programa engorroso, burocrático y muy complejo». No obstante, también invita a los grupos a hacer autocrítica, subrayando que «los GDR no pueden ser una agencia de colocación de personal con cargo a fondos públicos (en relación al sobredimensionamiento de las plantillas de trabajadores)», y hace hincapié en «la necesidad de evitar crear administraciones paralelas e insostenibles, impulsando políticas (como las de género, agrarias o medioambientales) que ya activan otras entidades públicas y privadas implantadas en el territorio».
Por último, el técnico de Asaja Sevilla manifiesta su deseo de que en este nuevo periodo comunitario «los GDR continúen su actividad y vuelvan a ser estructuras profesionales con procedimientos de gestión claros, sencillos y concretos y con fines al servicio de la sociedad rural».
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