Trabajadores eventuales en la campaña agrícola de la vendimia
Trabajadores eventuales en la campaña agrícola de la vendimia - VALERIO MERINO
Agricultura

La Tarjeta Profesional Agraria podría validarse en Sevilla a finales de 2018

Asaja Sevilla lleva la llamada «TPA» a la negociación del primer convenio colectivo nacional del sector agrario

SEVILLAActualizado:

Para mediados del mes de enero de 2018 está prevista la tercera reunión de la mesa negociadora del primer convenio colectivo nacional del sector agrario, en la que participa Asaja Sevilla como organización patronal reconocida, junto a los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Un convenio que pretende mejorar y homogeneizar las condiciones laborales de los trabajadores del sector agrícola, ganadero y forestal, es decir, de los más de 800.000 trabajadores por cuenta ajena del campo, así como las relaciones con los empresarios.

Pese a que en la actualidad hay más de 30 convenios vigentes, entre provinciales y regionales, autonomías como Asturias, Galicia, País Vasco o Baleares no disponen de ninguno, por lo que «es importante articular un convenio estatal único, que no entrará en conflicto con los convenios territoriales del campo en activo, sino que cubrirá los vacíos normativos de éstos», explica el asesor jurídico de Asaja Sevilla, Felipe Gayoso, quien participa en las negociaciones.

Las materias objeto de la negociación en este convenio estatal son la igualdad de género, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la formación, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica, entre otras.

Un nuevo carné

Asaja Sevilla ha llevado a la mesa de negociación la necesidad de la implantación a nivel nacional de la Tarjeta Profesional Agraria (TPA), un documento que recogería todos los datos profesionales de los trabajadores del campo y que ya existe en sectores como la construcción.

Se trata de un carné que incluiría «los datos identificativos del trabajador, la formación en prevención de riesgos laborales obtenida y, sobre todo, la información referente a las inspecciones médicas realizadas», apunta Gayoso, quien explica que debido al carácter de temporalidad del sector agrario, es muy común que un trabajador sea contratado a lo largo de un año en varias empresas diferentes para realizar en todas ellas el mismo trabajo, «y en cada ocasión debe repetir forzosamente los reconocimientos médicos, lo que supone un gasto innecesario en tiempo, dinero y en trámites para el trabajador». Con la TPA se evitaría «pasar de nuevo por pruebas realizadas con anterioridad y, normalmente, en un período de tiempo muy breve», subraya el asesor jurídico de la patronal agraria.

La Tarjeta Profesional Agraria está contemplada en el convenio colectivo del campo de la provincia de Sevilla de 2016 pero «carece de efectividad y de aplicación, a pesar de que entidades y Administración coinciden en señalar su valía», critica Gayoso.

Por ello, Asaja Sevilla espera poder dar con la inclusión de la TPA en el convenio estatal «la efectividad que hemos sido incapaces de darle hasta ahora recogiéndola en el convenio provincial».

Así las cosas, este carné profesional de los trabajadores del campo podría estar en activo en la provincia de Sevilla (y en el resto de España) «en el tercer trimestre de 2018», cuando se prevé «que se alcance un acuerdo definitivo y se firme el primer convenio colectivo nacional del sector agrario», según augura Felipe Gayoso.

Mientras que las negociaciones para el convenio estatal avanzan, la situación en la provincia continúa estancada. A este respecto, la patronal agraria hace hincapié en que «las posturas siguen distanciadas», por lo que «no hay una nueva fecha cerrada para negociar con los sindicatos el nuevo convenio colectivo del campo de Sevilla».

Por tanto, Asaja aclara que «el anterior convenio, firmado en 2016, es el que mantiene su vigencia y aplicación hasta que no se llegue a la firma de un nuevo convenio que lo sustituya, con el límite de dos años después de transcurrido el plazo que marca la legislación, periodo que expira en 2019».