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caso de los ere de andalucía

Anticorrupción pide a Alaya que cite ya a Magdalena Álvarez

El Ministerio Público solicita a la juez que determine el quebranto producido en la Junta de Andalucía

Anticorrupción pide a Alaya que cite ya a Magdalena Álvarez efe

mercedes benítez

La Fiscalía Anticorrupción apremió ayer a la juez Mercedes Alaya para que fije un calendario de declaraciones y solicite la ayuda que sea necesaria, pero también para que cuanto antes se haga un informe sobre el destino de los fondos públicos de la Dirección General de Trabajo desde el año 2001.

En este sentido el Ministerio Público ha recordado a la instructora de los ERE fraudulentos la necesidad de contar con expertos en materia de gestión económica, económica y financiera del sector público para auditar los fondos públicos aplicados en los convenios entre el IFA y la Dirección General de Trabajo desde el año 2001. Así, el fiscal, que propone que sean los auditores de la Cámara de Cuentas o los interventores de la Administración General del Estado los que realicen esa pericia, quiere conocer cuanto antes cuál fue «el quebranto producido en fondos públicos de la Junta de Andalucía» , así como que se determine las personas o entidades que deberían de proceder a su reintegro.

El fiscal también pide que se determine qué instrumentación hizo la Consejería de Empleo para traspasar fondos públicos al IFA y posteriormente a IDEA para los pagos por delegación de la Dirección General de Empleo. Igualmente solicita la cobertura presupuestaria ejercicio a ejercicio de los compromisos de pago asumidos por el IFA, o el análisis de los compromisos de pago con cada una de las empresas, o el informe relativo a la fiscalización llevada a cabo por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Pero Anticorrupción también apremia a la juez Alaya para que fije «un calendario razonable» de declaración de t odos los imputados, entre ellos Magdalena Alvarez y los otros diecinueve altos cargos que se conocieron la pasada semana. Esa petición la formula el fiscal por «la necesidad de avanzar en la instrucción» garantizando los derechos de todos los imputados. Igualmente el fiscal propone a la magistrada que ante la ingente cantidad de documentación que tiene que estudiar solicite ayuda de los recursos humanos y materiales que necesite para «un avance ordenado y sistemático de la causa».

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